Más allá de hojas de ruta, declaraciones o programas piloto que, sin duda, son necesarios, la profesión farmacéutica necesita certezas y seguridades. Sin un marco legal y económico apropiado, difícilmente podremos ampliar nuestro rol sanitario para hacer realidad la transición profesional de un modelo de oficina de farmacia que depende en exceso de un margen de dispensación cada vez más estrecho y que debe evolucionar en un entorno tecnológico muy exigente para responder a las nuevas demandas sociales.
Son muchos los profesionales que se preguntan cuándo serán los nuevos servicios farmacéuticos que el colectivo está proponiendo un activo más de nuestra red de oficinas de farmacia. Otros compañeros se cuestionan incluso si el viaje será rentable. Al fin y al cabo, ningún profesional o empresario se puede embarcar en aventuras sin hacer antes números y saber qué arriesga.
Soy de los que opinan que el giro profesional que estamos promoviendo, y que pasa por centrarse más en la atención de los pacientes sin dejar de garantizar un acceso de calidad y equitativo al medicamento, sí merece la pena y resultará rentable en términos de retorno económico y, sobre todo, de mayor protagonismo social y sanitario.
Los nuevos servicios farmacéuticos son, en efecto, oportunidades de reforzar nuestra actividad profesional y de servir también a la sociedad. La consultora PwC nos abrió los ojos ya en 2012 en un informe que presentamos en Infarma y que nos advertía que la continuada caída del gasto público en medicamentos y de los márgenes de las farmacias nos conduce a un callejón sin salida del que estamos obligados a salir si queremos afianzar la sostenibilidad económica de un modelo eminentemente social y solidario.
Para afrontar con éxito este reto, necesitamos un nuevo marco legal, profesional y económico que nos permita avanzar con seguridad en el terreno de una farmacia asistencial integrada en los distintos niveles de atención sanitaria y planificar nuestro futuro con suficientes garantías.
A día de hoy tengo que decir que seguimos echando en falta este escenario. La concertación, por ejemplo, de servicios sociosanitarios no está en la agenda política del Gobierno. Tampoco existe una estrategia definida en este ámbito que invite a pensar que se cuenta con los farmacéuticos en el futuro espacio sociosanitario que tan vital resulta para afrontar con éxito el enorme desafío de la cronicidad y la dependencia que se derivan del envejecimiento de la población. Son muchas las declaraciones políticas que escuchamos, pero son pocas las certezas con las que podemos trabajar y esto resulta desalentador para una profesión que ofrece accesibilidad, cercanía y profesionalidad a todos los ciudadanos.
Algo parecido cabe decir en el terreno profesional, donde no se han alcanzado consensos básicos con el resto de profesionales de la salud para superar recelos y falsos debates competenciales que frenan nuestro desarrollo e impiden asegurar la continuidad asistencial de los pacientes mediante un eficaz sistema de colaboración interprofesional, un déficit que ahora estamos pagando los farmacéuticos madrileños a cuenta del rechazo que la llamada farmacia comunitaria suscita entre los representantes del colectivo enfermero.
Tampoco se ha conseguido reforzar la economía de la farmacia. Seguimos sufriendo el injusto sistema de descuentos impuesto en el año 2000. Más de 18 años después, las farmacias siguen expuestas a un sistema de extracción de recursos único en Europa, que erosiona los cimientos económicos del sector y resta oportunidades de inversión en empleo, tecnología y en servicios.
Pendiente está también de abordarse el impacto del actual sistema de precios de referencia o el crecimiento del mercado farmacéutico hospitalario a costa de marginar a la oficina de farmacia. Qué duda cabe que estamos obligados a revertir la actual situación de dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario si no queremos vernos relegados a una posición accesoria, porque quién nos iba a decir que el valor del mercado farmacéutico hospitalario se igualará en dos o tres años a lo sumo con el de oficina de farmacia si continúa la actual tendencia.
En el Colegio estamos comprometidos en el doble objetivo de ofrecer seguridad jurídica y económica a nuestros colegiados para avanzar junto con la Administración regional en proyectos como la farmacia asistencial, que redundarán en beneficio de la salud de los pacientes y en una mayor estabilidad económica del sector. Son nuestras dos prioridades. Creo que no podemos demorarnos más y que conviene acelerar porque corremos el riesgo de perder la iniciativa y defraudar estas expectativas profesionales.
Pero somos conscientes de que la profesión necesita remover obstáculos que impiden o dificultan un desarrollo profesional lineal. Los avances registrados hasta la fecha se producen a cuenta gotas, con iniciativas autonómicas puntuales que han demostrado sus resultados en la mejor adherencia de los medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes crónicos y polimedicados o en el cribado de enfermedades, entre otras. Son un claro síntoma de que la farmacia asistencial en España se abre paso, pero de forma limitada y a diferentes velocidades por la falta de un marco político, profesional, económico y jurídico adecuado.
Sin este marco y acuerdo básicos, la pregunta es si nos podemos plantear metas más ambiciosas, si lograremos que estos proyectos formen parte de la práctica farmacéutica normal dentro de un nuevo sistema de remuneración y si podremos fijar un calendario para cumplir esta promesa de farmacia de servicios yendo más allá para hablar de otras realidades que sí se están abriendo paso en Europa, como la administración de vacunas, el consejo nutricional o dietético o la asistencia domiciliaria.
“Soy de los que opinan que el giro profesional que estamos promoviendo sí merece la pena y resultará rentable en términos de retorno económico y de mayor protagonismo socio-sanitario”
