Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
En esta vida pocas circunstancias resultan casuales, y en sanidad, menos aún. Aproafa y su tradicional Foro Farmacéutico, esta vez en Castilla-La Mancha con la participación estelar de Fernando Lamata y Roberto Sabrido, representantes de una importante facción sanitaria del PSOE; las giras de Humberto Arnés y el equipo de Farmaindustria por media España para ‘vender’ la aportación de los laboratorios a la I+D+i autonómica; el silencio meditado de Carmen Peña desde el Consejo General de Farmacéuticos, muy al estilo del que guardaba Pedro Capilla en los momentos de calma que avecinaban tempestad... Los agentes del sector del medicamento han empezado a moverse al calor de la bancarrota y del runrún de los recortes. Y, como un movimiento telúrico, despliegan las redes a su alcance para intentar frenar en seco la temida embestida de la Administración. Embestida que llegará más pronto que tarde, a la vista de unos datos verdaderamente demoledores: mientras varias comunidades reconocen en público que no podrán pagar a las farmacias a partir del mes de julio por culpa de sus carencias presupuestarias, otras abonan ya sus deudas a los proveedores de productos y tecnología sanitaria con más de 300 días de retraso. Una auténtica barbaridad, sin precedentes en la historia del SNS.
Dentro de este juego de mecanismos de autodefensa protagonizado por los principales agentes del sector hay que enmarcar la particular guerra, primero soterrada y ahora claramente abierta, que han empezado a mantener las farmacias y los laboratorios que operan en España: mientras los primeros afirman haber desembolsado tres veces más que los segundos a la sostenibilidad del sistema en 2009 mediante todo tipo de aportaciones, los segundos reclaman que reviertan al sistema los descuentos practicados a las oficinas en los medicamentos genéricos. Mientras los primeros, en este caso a través del COF de Madrid de Alberto García Romero, exigen al Gobierno que ponga las miras en los laboratorios y decrete un ‘medicamentazo’ que excluya de la financiación fármacos de alto precio que apenas aportan con respecto a sus antecesores, así como productos para síntomas menores, los segundos están enfrascados en una batalla para denostar el alto margen comercial que obtienen las oficinas por el simple hecho de “expender los productos”. La guerra está servida con el fin de que José Martínez Olmos y Trinidad Jiménez terminen posando sus ojos en la casa del rival.
Y en este juego de diatribas, golpes bajos y enfrentamientos a campo abierto, las comunidades se posicionan. En favor de la farmacia juegan los mencionados retrasos en los pagos por parte de las administraciones regionales, las dificultades económicas que atraviesan las emplazadas en zonas rurales o lugares poco poblados, y la perversidad del RD 5/2000. En contra de los laboratorios juegan la experiencia andaluza de prescripción por principio activo, la manga ancha de la Aemps con algunos productos y el diferencial del crecimiento del gasto con el PIB. A su favor, una de las partidas de gasto más bajas en 15 años.Preguntas sin respuesta
¿Qué alto cargo del ministerio está indignado con un director general del departamento por mostrar un sectarismo desmesurado que perjudica a Trinidad Jiménez?
¿Qué consejero ha reprochado en pequeños círculos a Trinidad Jiménez la connivencia de uno de sus altos cargos con los laboratorios?
¿Qué organización farmacéutica ha resucitado sus críticas contra otra, por su aparente defensa de la farmacia ante los ataques de Farmaindustria?
¿Qué dos decretos de una comunidad autónoma tienen una redacción pésima, y suscitan el rechazo de varios altos cargos de la consejería que los ha confeccionado?
