El presidente de la patronal, Fernando Redondo, anunció que trasladarán su propuesta en las próximas semanas a la ministra Trinidad Jiménez
Denuncian que las pérdidas de beneficios para las boticas debido al SPR sería de 187 millones de euros, 53 más de los previstos por Sanidad
El vicepresidente de la patronal estatal de oficinas de farmacia, Ángel Pérez, quiso incidir en la presentación del informe “Análisis de la Orden SAS/3499/2009. Precios de Referencia 2010” sobre un tema que considera la prueba palpable de la “inseguridad jurídica que existe en Andalucía”: la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de adelantar cuatro meses la entrada en vigor precio menor de la atorvastatina, a través de un precio máximo de facturación.
En este sentido, la aplicación por parte del SAS de un precio menor de esta molécula a partir del 1 de enero de este año (cuando los precios de referencia no entrarán en vigor hasta mayo en el resto de España), fue considera por Pérez como una vulneración de las reglas establecidas. “El SAS se ha saltado a la torera todos los convenios y leyes”, indicó. Sobre este aspecto, el vicepresidente de FEFE se refirió al convenio establecido con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos andaluces (Cacof); a los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial, “que garantizan la igualdad efectiva de los usuarios”; al artículo 60 de la Ley de Farmacia de Andalucía; a las anteriores órdenes de precios; y a la Ley de Garantías. Por este motivo, recordó que la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) había interpuesto recurso contencioso administrativo contra la decisión del SAS.
JUAN NIETO
Madrid
La patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, tiene muy claras las medidas que se deben adoptar para contener el gasto farmacéutico en nuestro país. Una receta para hacer sostenible el sistema que, en ningún caso, debería afectar a la oferta sino a la demanda. Es decir, que no se incidiese en los recortes de márgenes de los distintos agentes de la cadena del medicamento y sí sobre el número de recetas con cargo al Sistema Nacional de Salud.
Por ese motivo, el presidente de FEFE, Fernando Redondo, anunció la pasada semana que en los próximos días harán llegar a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, un paquete de medidas concretas “para hacer sostenible toda la cadena, desde el financiador hasta el usuario”. Unas medidas orientadas a la demanda para “no machacar al sector”.
A pesar de que Redondo no quiso adelantar el contenido de este documento que remitirán al Ministerio de Sanidad, sí apuntó varías de las líneas básicas de las medidas que propondrán. Así, entre ellas, la patronal estatal de oficinas de farmacia incidirá en la necesidad de actuar sobre la prescripción. Es decir, lograr controlar el número de recetas más que establecer nuevas medidas que afecten al beneficio de la botica.
En este sentido, cabe destacar que, según el Observatorio del Medicamento de la patronal, el aumento en el número de recetas desde 2000 a 2009 fue de un 56,5 por ciento (de 577,3 millones a 934 millones), mientras que el mercado total en unidades se incrementó sólo un 23 por ciento y la población un 15,4 por ciento. Unas cifras que, para FEFE, “demuestran que hay un diferencial de entre 30 y 40 puntos para que la demanda se acerque al crecimiento de la población o del mercado farmacéutico total”.
Por este motivo, Redondo reiteró su desacuerdo con la línea seguida por el Ministerio de Sanidad y algunas comunidades autónomas, que inciden únicamente sobre la oferta y no tienen en cuenta que “el problema” se encuentra en que no existen restricciones a la hora de dispensar recetas. “La gente, que no es tonta, aprovecha cuando va al médico para pedir recetas de muchos medicamentos”, afirmó, algo que supone un “enorme gasto” para el Servicio Nacional de Salud.
Igualmente, en el documento que se remita al Ministerio de Sanidad se incluirán otra serie de medidas que forman parte de las reclamaciones históricas de FEFE. Así, se incidirá en la necesidad de hacer una campaña de concienciación para que la sociedad comprenda que “no se debe sobreactuar sobre el sistema público”. Del mismo modo, se insistirá en la potenciación del mercado de genéricos y que estos no sean utilizados “como una simple herramienta para bajar el precio de los medicamentos”.
Precios de referencia
El anuncio de Redondo se produjo durante la presentación del informe elaborado por la patronal, “Análisis de la Orden SAS/3499/2009. Precios de Referencia 2010”. Un acto en el que se denunció que son los profesionales farmacéuticos los más afectados por las medidas económicas impulsadas por el Ministerio de Sanidad para recortar la factura del Servicio Nacional de Salud.
A este respecto, Enrique Granda, director del Observatorio del Medicamento y autor de este análisis, destacó “la ineficacia del Sistema de Precios de Referencia como casi único medio de contención del gasto farmacéutico, basado en actuar sobre la oferta de unos medicamentos, que son muchos en número pero con escasas posibilidades de influir en el mercado”. Y es que, para él, “el ahorro logrado es insuficiente en comparación con los problemas que generan para el sector los cambios de precios continuados”.
¿Cuáles son estos perjuicios a los que se refirió Granda? Un ejemplo sería el “impacto real y muy superior al calculado por el Ministerio de Sanidad para las oficinas de farmacia y el resto del sector”. Un impacto económico que, al haber sido tomado como base de cálculo sólo el 72,3 por ciento de los medicamentos que se pueden financiar, no serían los 134 millones menos de beneficios para 2010 calculados por Sanidad sino 187 millones de euros.
“Esto significa que el descenso medio de las ventas pueden alcanzar los 32.200 euros por farmacia, con una reducción del margen bruto de 8.983 euros por farmacia”, aseguró. Unas pérdidas a las que se sumarían otras derivadas de los stocks (8,6 millones de euros con convivencia de precios y 43,09 sin ella); por la aplicación del nomenclátor a 1 de enero (43 millones de euros); y por no poder devolver los medicamentos sin precio en el envase.
Igualmente, este análisis incidió en la “base irreal” que ha tomado Sanidad para llevar a cabo el cálculo de los precios de referencia. A este respecto, desde la patronal se insistió en algunos aspectos que, con probabilidad, serán incluidos en el documento que remitan a Jiménez.
De esta forma, la patronal advirtió de que “el conjunto de las presentaciones utilizadas para el cálculo de la actual orden de precios no alcanza siquiera el 5 por ciento del mercado de todos los productos sometidos al sistema de precios de referencia”. Unos formatos que, tal y como precisaron, “no se encuentran en el mercado, por lo que la obligación de sustitución, cuando se prescribe por principio activo, acarrea pérdidas reales a los farmacéuticos”.
FEFE puso el dedo en llaga al reflejar una de las “distorsiones” que se producen a la hora de realizar este cálculo: la utilización de presentaciones no comercializadas, con ventas irrelevantes, para las que el laboratorio pidió la suspensión de comercialización, aquellas que fueron revocadas por la Aemps o las que aparecieron en el mercado hace menos de un año: 363 de las 525 recogidas (un 69,1 por ciento). Es decir, 158 conjuntos afectados de los 175 utilizados.
