El hecho de que medicamentos no comercializados puedan dar lugar a la creación de conjuntos o fijación de precios de referencia no era una situación lógica, sino que era algo que generaba una disfunción en el Sistema de Precios de Referencia. Éste ha sido el motivo que ha llevado a la Audiencia Nacional a anular el Anexo 1 de la Orden de Precios de Referencia SCO 3803/2008, que reguló este sistema durante 2009, atendiendo un recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por FEFE. El organismo judicial ha cambiado incluso su propia interpretación anterior sobre el asunto, en la que había avalado la utilización de medicamentos no comercializados para la creación de conjuntos.
Lo que ha hecho en esta ocasión la AN no es otra cosa que aplicar el sentido común a la lógica del funcionamiento del SPR. Si no hay medicamento en la farmacia con el que sustituir, no se puede crear un conjunto, y tampoco, por tanto, ser utilizado para fijar un precio. La interpretación interesada que durante todo este tiempo han venido haciendo desde el Ministerio de Sanidad ha servido para reducir artificialmente y más allá de lo que la propia legislación permitía, los precios de los medicamentos sometidos a precios de referencia durante estos años.
Pero no todo vale para poder cumplir con el objetivo de reducir los precios, aliviar las cuentas públicas y buscar la sostenibilidad. Los discretos ahorros que se logran con la utilización de medicamentos no comercializados no son nada en comparación con la pérdida de confianza de los agentes del sector a causa de la inseguridad jurídica que se genera con dichas decisiones. Una inseguridad jurídica que retrae la posibilidad de realizar inversiones en nuestro país.
Todavía quedan muchas otras cuestiones en las que la Justicia deberá otorgar la seguridad jurídica que las propias leyes no contemplan. Esperemos que éste sea solo el primero de muchos necesarios pasos a dar.
