Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Más de 30 años después de su promulgación, la Constitución española tiene todavía mucho margen para desarrollarse, aunque ahora se haya puesto de moda entre las filas conservadoras utilizar la excusa de la crisis económica para tratar de acotar uno de sus principales logros, el Estado autonómico. Aunque con otras palabras, lo decía José Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada, a raíz de la polémica sobre el uso de lenguas cooficiales en el Senado: el Estado de las autonomías no sólo ha sido el escenario del mayor periodo de progreso en toda la historia de España, sino que se trata además de un esquema político que acerca la Administración a los ciudadanos, lo que en teoría debería tener como consecuencia una mejor atención a los administrados, aunque pueda ser más costoso para las cuentas públicas.
Pero la Constitución española, producto de un consenso político impensable en nuestros días, incluye también numerosas garantías para los ciudadanos, algunas de las cuales el Gobierno pretende ahora desarrollar, aunque no esté claro si el objetivo final de la iniciativa es hacer algo realmente necesario o simplemente dar una imagen de actividad y resolución en el tramo final de una legislatura extraordinariamente difícil para el PSOE. Posiblemente se trate de una mezcla de ambas cosas.
El caso es que el Gobierno, dentro del paquete legislativo que se aprobará de aquí a las elecciones, y que también incluye la Ley de Muerte Digna, tratará de desarrollar por ley los artículos 14 y 9 de la Carta Magna en lo que se refiere a impedir la discriminación por cualquier motivo, una cuestión que la Constitución deja abierta tras citar los clásicos motivos de marginación como son la raza, el sexo o la religión.
La principal novedad es que a través de la nueva Ley de Igualdad de Trato el Ejecutivo incluye expresamente la enfermedad como uno de los posibles motivos de discriminación, una necesidad demandada por los principales colectivos de enfermos. Ahora bien, de la puesta en práctica de tan noble propósito dependerá que se trate de una ley efectiva que sirva a los pacientes para evitar ser marginados en el trabajo o cualquier otro ámbito de la vida, o de otra disposición de cara a la galería, muy bonita en las formas pero vacía de contenido.
Por lo pronto hay buenas señales, al margen de cuál sea el resultado una vez culminado el trámite parlamentario. La primera de ellas es un régimen sancionador que incluye multas de hasta 500.000 euros en los casos más graves; y la segunda, todavía más importante si cabe, es la decisión del Ejecutivo de designar a un fiscal de sala especializado para este tipo de delitos. En consecuencia, y al igual que ha se ha hecho en materia de seguridad vial o de violencia de género, un fiscal del máximo rango velará por que no quede impune nadie que trate de marginar a otra persona por padecer una enfermedad, lo que sin duda es una buena noticia para los pacientes, gobierne quien gobierne.
