Finalmente se confirmó. El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Galicia y, con él, paralizará de manera inmediata la aplicación de la ley así como el polémico catalogo priorizado de medicamentos. Al menos, hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la admisión a trámite del recurso.
La acción del Gobierno, impulsada, sin duda desde el Ministerio de Sanidad, tiene dos elementos de importancia. Por un lado, paraliza una norma injusta y que va en contra de la legislación nacional. Y por otro lado, más importante si cabe, envía un mensaje inequívoco a las comunidades autónomas sobre el hecho de que es necesario cumplir escrupulosamente la ley y no saltarse las competencias de otras administraciones aunque el objetivo final sea tan loable como asegurar la sostenibilidad del sistema.
Se ha echado de menos una actuación tan contundente del Ministerio de Sanidad en episodios anteriores que, al menos, también rozaban la legalidad. Casos que afectaban a Castilla-La Mancha, y País Vasco, Santander, Asturias, principalmente, además del amago (hasta el momento) andaluz. No obstante, a partir de ahora las autonomías sabrán que, tras el caso gallego, le será muy difícil a Sanidad ‘hacerse el sueco’ aunque quien cruce la raya sea Andalucía. Por todo ello, el paso dado por el Gobierno ayudará, sin duda, a relajar el escenario de tensión entre las autonomías y el sector, que pasaba más tiempo pendiente de las actuaciones autonómicas que de su labor principal, producir valor.
