Santiago de Quiroga
La deuda que Murcia y su Consejería de Sanidad tiene con la farmacia es algo más que un asunto financiero. Se trata de un ejercicio de responsabilidad de la consejera María Ángeles Palacios. La situación es crítica para la farmacia murciana: los bancos no prestan dinero a los farmacéuticos, ni siquiera con el aval de su patrimonio personal. Es inaceptable que una consejería cometa el atropello de no pagar el medicamento que se llevan los ciudadanos.
La responsabilidad política de la consejera es indudable: las farmacias deben cobrar para pagar los medicamentos suministrados. Y si una consejera no es capaz de trasladar a su presidente autonómico que las prioridades de salud deben prevalecer, entonces no está cumpliendo con su trabajo. Otras regiones realizan esfuerzos ímprobos para cumplir la mayoría de sus compromisos, pero no pagar por los medicamentos de la oficina de farmacia es poner a todos los farmacéuticos de Murcia en riesgo de no poder suministrar medicamentos, no porque no quieran, sino porque no tienen dinero para adquirirlos.
La farmacia murciana ha amenazado con ir a la huelga el 13 de mayo si no se paga la factura que se le adeuda desde enero, y que alcanza los 110 millones de euros. Pero no se trata solamente de una amenaza, si una pequeña empresa como una farmacia no tiene dinero, no podrá adquirir medicamentos, y aunque permanezca abierta, no podrá dispensarlos.
