José María López Alemany
Lo que siempre ha sido un secreto a voces dentro del sector, ha sido denunciado por ‘Conchita’ Tarruella, la diputada de Convergencia i Unió: la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos no ofrece garantías jurídicas a las compañías farmacéuticas.
Hace unos meses, alentada por las denuncias que algunas compañías pequeñas le hicieron llegar, la diputada catalana preguntó al Gobierno por diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Comisión de Precios. En concreto, Tarruella pedía conocer los motivos por los que no se incluía un procedimiento de audiencia pública a los interesados, además de las justificaciones que se ofrecían a los solicitantes ante una resolución denegatoria de financiación. Dado que la respuesta del Ejecutivo, según la propia Tarruella, “no dice nada”, la sensación de opacidad en el modo de funcionamiento de esta comisión no ha hecho más que acrecentarse, aún más.
La cuestión no es irrelevante ya que de una decisión de esta comisión depende, como ha dado a conocer Tarruella, incluso una decisión de permanencia en nuestro país de alguna compañía farmacéutica. Por tanto, puestos de trabajo e inversión industrial y, en definitiva, mucho dinero, están en manos de una comisión que tiene recelos de transparencia, objetividad y seguridad jurídica.
Todo esto debe cambiar. La Administración debe empezar a dar ejemplo a la sociedad y ser garante de la transparencia ante los ciudadanos para ofrecer mucha más confianza y transmitir seguridad. Precisamente las dos herramientas económicas que más falta hace en nuestro país.
