Carmen Peña
Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
J. NIETO
Madrid
Los primeros seis meses de 2011 no han sido para la farmacia española un camino de rosas. Al contrario, los efectos de la crisis, sumados a los RDL aprobados por el Gobierno en 2010 y a iniciativas autonómicas unilaterales adoptadas este año para recortar el gasto farmacéutico, ha creado un panorama complicado para este sector. De todo ello se hará balance el 22 de junio en la asamblea general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos que preside Carmen Peña.
Pregunta. Si el pasado año fue complicado para la farmacia española, estos primeros seis meses de 2011 no lo han sido menos, ¿no?
Respuesta. Ha sido un acumulado de complicaciones. Todo pivota sobre la crisis, que afecta a todos los sectores sociales y, por tanto, a la farmacia, que como agente imbricado en la sociedad no ha sido ajena a sus consecuencias. Eso sí, el diferencial es que además de estar afectados como ciudadanos también lo estamos como farmacéuticos, ya que la farmacia llevaba muchos años haciendo los deberes en cuanto a la contención del gasto y a recortes en el crecimiento a efectos de sostenibilidad.
P. ¿Doble penalización?
R. Exacto, los dos RDL de recortes han impactado sobre una farmacia que ya había actuado para recortar el gasto.
P. O triple, si tenemos en cuenta algunas iniciativas autonómicas.
R. En la búsqueda de soluciones hay algunas que, además de que no resuelven ningún problema, crean desequilibrios que pueden dar lugar a inequidades en el acceso a los medicamentos. No puede ser que además de los impactos de los dos RDL, las medidas autonómicas vuelvan a impactar sobre los mismos.
P. ¿Cuál es la solución?
R. Pienso en que hay que buscar en el resto de las partidas aquellas que no producen eficiencia, pero ya no sólo en el gasto en medicamentos o sanitario, hablo del gasto público total. Ahí hay mucho por hacer, porque el gasto público en medicamentos ya se ha controlado. No puedes seguir recortando la partida recortada sin solventar las ineficiencias del gasto público total.
P. ¿Que los recortes y descuentos sean finalistas?
R. Exactamente. Ese es uno de los grandes dramas, porque la parte eficiente va cubriendo los agujeros e ineficiencias del gasto público total. Necesitamos un debate en profundidad sobre la financiación pública sanitaria, ver si las inversiones y ahorros que se producen en Sanidad revierten en Sanidad.
P. El Informe Mensor ya incidió en ello.
R. Sí, no se hablaba sólo de la aportación en la labor asistencial sino de la aportación económica directa a través del RDL 5/2000, las distintas órdenes de precios de referencia y los RDL 4/2010 y 8/2010, que es evidente y que en ningún momento revierte en la búsqueda de sostenibilidad para la propia prestación farmacéutica.
P. ¿Cree que los nuevos gobiernos autonómicos se reconducirán estas estrategias autonómicas?
R. Quiero pensar que tocarán a su fin, porque los gestores son responsables y todos somos corresponsables de que esto funcione. No puede haber fórmulas unilaterales que perjudiquen la solvencia del sistema y que creen ciudadanos de primera y de segunda según la autonomía donde vivan.
P. Para evitar decisiones unilaterales está el Interterritorial, ¿no?
R. Claro. Este invierno hemos avanzado y el sector ha abandonado los compartimentos estanco para hacer un análisis de la situación que pasa por pactos y consensos. Y ese Consejo Interterritorial es el que tiene la responsabilidad de sacar adelante un proyecto estatal de salud. Tiene una responsabilidad política y social grandísima. Sus consideraciones las tiene que convertir en ejecutivas, aunque no lo sean, por un proyecto de lealtad institucional. El diagnóstico ya está hecho, ahora hay que poner el tratamiento.
P. Una de las enfermedades diagnosticadas son los retrasos en el pago de las facturas.
R. Sí, es uno de los problemas actuales. Considero que es un tema de desequilibrios presupuestarios puntuales de algunas comunidades autónomas que deberían revisar. Es decir, mirar y ver si sus presupuestos son reales con respecto a sus gastos y, a partir de ahí, ajustarse a unos presupuestos posibilistas.
P. Pero parece que siempre es la farmacia la que paga el pato. Ahí tenemos el caso de Murcia, donde los farmacéuticos avalan con su patrimonio a su pagador.
R. Sí, es algo que no tiene futuro porque la farmacia, al ser un establecimiento de una dimensión económica pequeña no puede convertirse en una entidad financiadora. Por eso se le paga al mes y pico, que es el máximo que puede financiar. Nosotros somos profesionales de la salud, como los médicos o los enfermeros, no proveedores. Solamente que nosotros, a través de la factura, estamos pagando a todo un sector: industria, distribución y oficina de farmacia. Cuando se produce un impago se está impagando a todo el sector, y al final el que se resiente será el paciente, que no podrá comprar los medicamentos.
P. ¿Cree que eso lo entienden los gestores sanitarios?
R. No lo sé. Pero si no lo entienden se encontrarán con una realidad muy evidente: que no podemos ser financiadores. Nosotros somos solventes porque hay una Administración que paga, si no es así... Tienen que estar preocupados y tener claro que tienen que contar con la factura farmacéutica del mismo modo que lo hacen con los salarios de los profesionales sanitarios. Si no, se cargarán el sistema.
P. Como profesionales sanitarios, no como proveedores, ¿cree que la futura Ley de Salud Pública recogerá al final el papel de la oficina de farmacia como merece?
R. No lo sé, pero hemos trabajado muchísimo para que así sea. Queremos hacer ver a los responsables sanitarios que un Estado no se puede permitir el lujo de desaprovechar una red de 22.000 farmacias que históricamente han estado haciendo salud pública. No pueden perder este potencial. Así lo expusimos ante la Comisión de Sanidad y esperemos que sean sensibles.
