Se prohíbe a la industria la difusión de casi cualquier información sobre sus productos
Juan Suárez es abogado de Faus & Moliner Las escenas de duelo que se han sucedido de una punta a otra del globo a raíz de la muerte del gran Steve Jobs muestran, mejor que cualquier otra imagen, hasta qué punto las nuevas tecnologías de la información han pasado a formar parte indisociable de nuestra vida. Internet ha permitido al ciudadano de a pie acceder a un inmenso caudal de información sobre prácticamente cualquier tipo de asunto, y la velocidad a la que se ha producido esta revolución amenaza con desbordar la capacidad de respuesta del legislador a la hora de adaptar las reglas del juego a la nueva realidad social. El mundo sanitario no constituye una excepción. Los estudios llevados a cabo por la Comisión Europea revelan que Internet se ha convertido en uno de los principales recursos para los ciudadanos europeos que, cada vez en mayor número, desean jugar un papel activo en las decisiones que afectan a su salud y conocer de primera mano las terapias actualmente disponibles. El problema reside en que la variedad de la oferta es tal que a menudo resulta complicado para el lego discernir si se halla ante una fuente de información verdaderamente fiable y contrastada. Irónicamente, la actitud paternalista de las autoridades ha contribuido en buena medida a esta situación. La normativa europea prohíbe a la industria publicitar sus medicamentos de prescripción, y las autoridades sanitarias, preocupadas por su posible impacto en la factura farmacéutica, han llevado esta regla al extremo de prohibir a la industria la difusión de prácticamente cualquier tipo de información sobre sus productos. La consecuencia de este exceso de celo ha sido que la ciudadanía, en no pocas ocasiones, se ha visto obligada a recurrir a fuentes poco fiables en la Red. Hace ya varios años la Comisión Europea impulsó una iniciativa con la que pretendía reconducir esta situación, y que proponía permitir a los laboratorios ofrecer cierta información de carácter no promocional sobre sus productos. La propuesta, sin embargo, topó con la férrea oposición del Parlamento Europeo, que temía que la nueva situación pudiese dar lugar a abusos por parte de la industria. Mirar para otro lado rara vez resuelve el problema, por lo que es de agradecer que la Comisión Europea haya lanzado hace apenas un par de semanas una nueva propuesta que, esperemos, podría esta vez superar los recelos del Parlamento. La nueva iniciativa limita de forma sensible la información que podrá proporcionarse al ciudadano. En términos generales, la información deberá limitarse al etiquetado y prospecto del medicamento, a las instrucciones relativas a su utilización, a información sobre los resultados de la investigación clínica y preclínica con el mismo, y a la contestación de las consultas que se reciban. Los canales que podrán utilizarse para difundir esta información también estarán limitados. Podrá recurrirse a páginas web que serán controladas por las autoridades y, en ciertos casos, a información impresa, pero no así a los medios de comunicación generalista. La propuesta, asimismo, introduce como salvaguardia el principio de que toda información que no haya sido avalada previamente por las autoridades deberá ser examinada por estas últimas antes de poder ser difundida. Estamos, en definitiva, ante una nueva oportunidad de dar respuesta a una reclamación muy legítima por parte de la ciudadanía que esperemos que no sea nuevamente desaprovechada. 2011-10-21T19:00:00+02:00 h
