carlos b. rodríguez Madrid Estrenada la campaña electoral, el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS) no pasa ni por abogar exclusivamente por aumentar la financiación, como promete el PSOE, ni por confiar en exclusiva en la economía, como hace el PP. Siete destacados miembros de la Asociación de Economía de la Salud han firmado un documento de consenso que parte de la necesidad de despolitizar la Sanidad y contempla 17 reformas “inaplazables” que el Gobierno que salga de las urnas el 20-N debe realizar si quiere evitar que la crisis económica derive en una crisis social. El SNS ha funcionado hasta ahora como un elemento de estabilización social. Pero esta funcionalidad puede verse seriamente dañada si prosigue la aprobación de recortes más guiados por el pánico que por la sensatez. “No es aceptable que se establezcan recortes uniformes y lineales sin haber apurado los márgenes de mejora de la eficiencia del sistema que se conocen y reclaman desde hace tiempo”, asegura Juan Oliva, profesor titular del departamento de Análisis Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hacia un Hispa-NICE Los firmantes del documento parten de la base de que la Sanidad pública debe apretarse el cinturón, lo que no debe impedir articular mecanismos para financiar las deudas ya contraídas para los proveedores. La solución propuesta por estos expertos, entre los cuales se encuentran economistas como Rosa Urbanos, Jaume Puig-Junoy o Ricard Meneu, es aprobar un plan plurianual de refinanciación. Al margen de esto, defender aumentos en la financiación es, para los firmantes del documento, “irreal y poco conveniente”. La guía propuesta articula sus 17 propuestas en torno a tres ejes básicos: evaluación, transparencia y toma de decisiones basadas en el conocimiento. La piedra angular para los economistas de la Salud es todavía invertir en evaluación económica: urge montar un ‘Hispa-NICE’ independiente del poder público y con carácter vinculante que establezca la frecuencia y la duración de determinadas intervenciones, plantee la financiación temporal de determinadas prestaciones e informe no solo a la hora de financiar nuevas tecnologías y medicamentos, sino también a la hora de “desinvertir” en ellas. Y es que, este comité de expertos cree necesario dejar de financiar los medicamentos y dispositivos que sean inefectivos o innecesarios, que supongan un beneficio-riesgo incierto para el paciente y que cuenten con alternativas más coste-efectivas. “No proponemos nuevos recortes, sino hacer la buena medicina clínica que deberíamos estar haciendo hace mucho tiempo”, señaló José Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Otras medidas van dirigidas a cómo conducir al resto de agentes a pensar desde este punto de vista. Para ello, se propone una nueva gestión de las listas de espera; más y mejor Salud pública; profesionalizar la gestión; una visión menos funcionarial de la profesión médica, y retribuida según resultados, de la misma manera que habría que hacer con las asignación a los centros; una Atención Primaria más emprendedora y un cambio de foco hacia la cronicidad. Todo ello, junto una reforma del sistema de copagos que según Enrique Bernal, investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, es “ineludible”. Los economistas creen que no solo hay que modificar el copago farmacéutico actual, sino modularlos en función de los criterios clínicos y de coste-efectividad, con copagos evitables siempre que sea posible, e implementar mecanismos de protección para la población más desfavorecida económicamente. | viernes, 04 de noviembre de 2011 h |
Las propuestas de reforma incluyen un tercer apartado: el abecedario del buen gobierno, algo que para los economistas ha escaseado hasta ahora en la forma de hacer política. Nadie duda que el Consejo Interterritorial puede servir para dirigir el sistema, pero hasta ahora se ha demostrado ineficaz. Su continua politización lo ha convertido más en un campo de batalla de continuas rivalidades que en una mesa de trabajo conjunta. Sería hora, para los firmantes de este documento, de que los consensos se articulen en torno a un organismo “de carácter técnico” y con representación paritaria de los servicios regionales de Salud.
Este nuevo empeño habría que afrontarlo con la máxima transparencia posible, algo que hasta la fecha tampoco ha abundado, y no por falta de datos. “La mayoría existen, sólo se requiere voluntad de compartirlos”, reza el documento. Esta información atañe directamente a las colaboraciones público-privadas. Su utilidad, señalan los economistas, es desconocida al no existir mecanismos de evaluación independientes.
