Vale la pena dar una oportunidad para lograr un consenso sobre la adopción de medidas que son imprescindibles
El pasado 22 de noviembre, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, anunció la voluntad de su gobierno de instaurar lo que se ha venido a llamar el ‘tique moderador’ por receta. Un par de días después, el secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, se apresuró a declarar que cobrar algo por cada receta sería ilegal porque la administración catalana no tiene competencias para ello. Lo dijo al presentar la campaña ministerial sobre el uso racional, y añadió, al menos, que se deberá esperar a ver qué es lo que se pretende hacer antes de tener un informe documentado y poder actuar. Evidentemente, no es este el momento para hacer una valoración jurídica completa respecto de la cuestión, pero sí se pueden avanzar algunas ideas y reflexiones. En primer lugar, les recomiendo que escuchen lo que ha dicho Mas. Su declaración está disponible en varias webs. El mensaje es bien claro: para cumplir el objetivo de déficit hay que hacer sacrificios, y hay que pedir un esfuerzo a la población en general para que a través de diversas medidas, por ejemplo ‘tiques moderadores’, se puedan mantener estándares de calidad aceptables en nuestros servicios públicos.
En este contexto, pedir al usuario que abone una cantidad fija por receta, que puede ser variable (un euro con carácter general, y un importe inferior, incluso nulo o sometido a un tope anual para crónicos, pensionistas, desempleados u otros colectivos que merezcan una protección especial) es una medida que destaca por su transparencia, por vincularse directamente al acto de la prescripción y dispensación, por su facilidad de aplicación, y por su coherencia con las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses. Respecto de la cuestión de las competencias, la ley reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, pero añade que ello es sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias. Es muy posible que por esta vía tengan cabida algunas medidas como la anunciada por la Generalitat.
Pero, con independencia de ello, no olvidemos lo esencial. El uso indebido de medicamentos comporta problemas de diversa naturaleza. En el plano asistencial, muchos ingresos hospitalarios tienen su origen en una mala utilización de fármacos, y es bueno que el ministerio invierta en campañas para informar al respecto (¿creen que el coste de la campaña de publicidad iniciada se modulará en función del resultado obtenido recurriendo a la figura del riesgo compartido?). En el terreno de las finanzas públicas, llevarse a casa más medicamentos de los necesarios supone una carga innecesaria para el erario público, para los intereses de todos, que además no reporta ventaja alguna al ciudadano. Los laboratorios, las oficinas de farmacia y los propios médicos están haciendo esfuerzos notables para contribuir a la sostenibilidad del sistema, de modo que no es de extrañar que las miradas estén ahora puestas en los usuarios.
Una vez lanzado el mensaje, en las próximas semanas los esfuerzos de muchos en diversas administraciones pueden ir orientados a plantear conflictos judiciales, que ya veremos cómo y cuándo se resolverán, o a intentar lograr un consenso sobre la adopción de medidas que parecen ser imprescindibles. A mí me parece que vale la pena dar una oportunidad, en serio, a esta segunda vía.
