Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ Aunque el Ministerio de Sanidad ha iniciado ya algunos movimientos para acabar con la desvertebración autonómica, aprovechando su afinidad ideológica con la mayor parte de los consejeros, lo cierto y verdad es que la disparidad legislativa sigue siendo la nota dominante, fruto en parte de la política de manga ancha que aplicó el gobierno socialista en épocas pasadas, del agujero heredado en cada feudo y de la necesidad de severos ajustes para taponarlo. Solo en 2012 las comunidades tendrán que aportar otros 15.600 millones de euros para alcanzar el objetivo de déficit esbozado por el Gobierno para cumplir con algunas de las exigencias de Bruselas. ¿Qué signos quedan de esa disparidad? Son abundantes. Sobre todo en materia de relaciones laborales y de gasto. Aprovechando su postura política radicalmente contraria a Madrid, y en espera de lo que ocurra en los comicios autonómicos que se celebrarán este mismo mes, Andalucía, por ejemplo, ha decidido hacer batalla con el subastazo. A su favor juega la insólita abstención del PP en la votación del parlamento regional, la necesidad de fondos en todos los territorios, y la complicidad silenciosa de más de un consejero popular, que no ve con malos ojos la medida como válvula de obtención de ahorro en un contexto tan crítico como el actual. En contra de José Antonio Griñán y de María Jesús Montero juega el rechazo férreo mostrado por Madrid por razones políticas y estratégicas, y el enfado de la industria farmacéutica asentada en España. Enfado que podría traducirse en un acuerdo secreto entre varios laboratorios para no concurrir a las subastas que se celebren y dejar desierto el concurso, con el riesgo de legalidad que ello conlleva. No solo Andalucía va por su cuenta. De hecho, cada comunidad estudia sus iniciativas al margen de las que discurre el ministerio para contener el gasto. Navarra sigue apostando por su polémica circular que autoriza que los medicamentos sean intercambiables, mientras apunta en un informe que los fármacos nuevos que han llegado recientemente al mercado no aportan nada. En Aragón, un alto cargo de la consejería propugna crear una ‘marca blanca’ de fármacos, mientras que en Castilla y León varios centros de salud tienen carteles pidiendo el cambio de prescripción de la marca por los genéricos. Murcia va más allá, al recoger en sus carteles a la vista del público que los genéricos son más baratos, lo que contraría a muchos visitadores. La diversidad autonómica no se detiene aquí. En Cataluña, un contrato de gestión del ICS con los proveedores obliga a prescribir genéricos. Canarias, Valencia y Madrid estudian la posibilidad de introducir en el sistema los temidos jumbos. La España autonómica cuenta también con múltiples normas en materia de prescripción y visita médica, algo ya histórico. Si nos ceñimos a la actualidad, comprobaremos también la heterogeneidad en materia de centrales de compra y la adquisición de productos. A Ana Mato y a Pilar Farjas les queda un duro trabajo por delante para cohesionar el sistema y unificar el mercado. viernes, 09 de marzo de 2012 h
En 2012 las autonomías tendrán que aportar otros 15.600 millones de euros para alcanzar el objetivo de déficit
¿Qué laboratorio ha recibido un oficio de Sanidad en el que se le comunica que uno de sus fármacos pasa a ser de dispensación hospitalaria?
¿Explicará con detalle Carlos Lens a Emili Esteve las razones del paso de un grupo de medicamentos a dispensación hospitalaria?
¿Qué comunidad autónoma no está dando a sus pacientes fármacos autorizados por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de noviembre?
¿Qué compañías de medicamentos genéricos ofrecen descuentos de hasta el 70 por ciento, si se les compran todos los productos?
