Con los mercados al cuello sigue sin estar claro qué es la “prescripción eficiente” que reseña el artículo 85
¿Por qué se queda Emili Esteve, director del departamento Técnico de Farmaindustria, cada vez más solo cuando defiende sus planteamientos ante las compañías?
¿Qué persona entrañable de la industria aconseja “prudencia” a los laboratorios a la hora de financiar a Semergen, ante las dudas que suscita el nuevo presidente de la sociedad?
¿Qué patronal ha ofrecido al Ministerio de Sanidad ayudarle a actualizar el vademécum?
¿En qué comunidad los médicos deben introducir una frase de 17 caracteres en el sistema informático para poder prescribir una marca?
Mientras las cuentas públicas del Estado y las autonomías se desangran, víctimas de una herencia económica nefasta, de una crisis de deuda galopante y de un conjunto de tímidas iniciativas gubernamentales, que no parecen resultarles suficientes a los mercados, el Ministerio de Sanidad, las consejerías y los agentes del sector siguen a vueltas con la interpretación del último decretiño y la elucubración sobre los siguientes pasos a seguir. Todo a paso de tortuga. Sintéticamente, la ceremonia de la confusión es como sigue. A estas alturas, y con los mercados al cuello, sigue sin estar claro qué es la “prescripción eficiente” que reseña el artículo 85, y si soporta jurídicamente o no la llamada prescripción por marca. La teoría más pujante a día de hoy es que el texto es una ‘gallegada’ que apuesta por la indefinición para dar cobertura legal tanto a las comunidades defensoras de los productos originales como a las demás. Pero es solo una teoría cuya validez se concretará por la vía de los hechos. También existen dudas, muchas, en torno al artículo 90. Si el producto ya está en el mercado, sin financiar, y un laboratorio quiere modificarle el precio, ¿debe pedirle autorización al ministerio? Anefp, por ejemplo, entiende que no haría falta, pero algunas compañías tienen miedo de que tal interpretación sea errónea y se desaten las iras del ministerio. Asimismo, genera dudas el artículo 93, el que habilita la formación de conjuntos dentro de los precios de referencia. Farmaindustria, por ejemplo, demanda una nueva y clarificadora redacción, con el fin de que el genérico europeo que dé pie a la creación de dicho conjunto pertenezca a uno de los diez países no sometidos a regímenes transitorios de propiedad industrial. De momento, todo sigue en el aire.
Y hay dudas, también, en lo que se refiere al calendario que se ha trazado el ministerio para contener el gasto en fármacos y sobre alguna de las medidas que se pondrán en marcha. En principio, parece que no tocan ahora los llamados “precios seleccionados”, y que lo que más urge a Pilar Farjas y sus lugartenientes es la implementación de la “aportación del ciudadano”. El decretiño tampoco aclara algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se hará esta aportación en hospitales? Con las recetas que lleguen en un informe hospitalario, será fácil, pero ¿qué ocurrirá con los pacientes que lleguen con una receta normal? ¿Se les cobrará? ¿Se hará en el propio hospital? ¿Y si el producto ha sido vendido a éste con descuento, trasladará luego el descuento el hospital al paciente? Después de resolver este galimatías, el ministerio acometerá la desfinanciación, proceso en el que lleva empantanado desde el cambio de Gobierno, sin resultado alguno hasta la fecha, por lo que se ve, pese a la angustia financiera del sistema. De momento, se sabe que el medicamentazo tendrá forma de resolución, y que existen contradicciones en los productos a desfinanciar propuestos por varias autonomías. También se sabe que Sanidad creará un ‘vademécum’ con todo lo prescribible y un ‘nomenclátor’ con todo lo reembolsable. El problema es que el ministerio carece de medios para mantener actualizado el ‘vademécum’. ¿Será mayor el gasto que el ahorro, si se tiene también en cuenta el posible efecto desplazamiento de la prescripción?
