Las oficinas de farmacia se prepararon a contrarreloj para aplicar el nuevo copago fijado por el Real Decreto-ley 16/2012. El trabajo del sector, sin embargo, no terminó el 1 de julio, fecha de entrada en vigor de las nuevas aportaciones de los usuarios en el pago de medicamentos. Los farmacéuticos saben que todavía queda un largo camino por recorrer en lo que se refiere a la labor pedagógica que habrán de hacer a pie de mostrador, donde previsiblemente los ciudadanos plantearán sus dudas y, quizás, alguna queja.
Por otro lado, el ‘descuelgue’ del País Vasco de esta medida preocupa a las boticas de las regiones limítrofes, puesto esta comunidad mantendrá las antiguas aportaciones para los ciudadanos con tarjeta sanitaria del País Vasco, pero aplicará el nuevo copago a los demás. “Todavía no sabemos exactamente cómo facturar estas recetas”, aseguró el presidente de los boticarios vascos, Ángel Garay, que aconsejó separarlas de cara a la próxima facturación.
El gobierno regional se compromete, además, a reembolsar la cantidad de más que paguen sus usuarios si la dispensación se realiza fuera del País Vasco y, en cambio, sí toma de la norma estatal el punto por el que quedan fuera de aportación los parados sin derecho a prestación y los perceptores de Renta de Garantía de Ingresos. A este respecto, el presidente de los farmacéuticos vascos explicó que “cogen lo bueno del nuevo real decreto y dejan lo que perjudica al usuario”, al tiempo que reconoció que, pese a que la farmacia es neutral y hace lo que le dicen que tiene que hacer, esta medida les “alivia de burocracia”.
Sin embargo, los farmacéuticos de las comunidades colindantes hablan de “ruptura de la equidad”, motivo por el cual los boticarios de Castilla y León solicitaron amparo a su gobierno. “Puede ocurrir que los pacientes vengan ya con los medicamentos del País Vasco”, advirtió el presidente de los farmacéuticos castellano-
leoneses, Jesús Aguilar. Sobre la “asimetría” que conlleva esta medida, también incidió la presidenta del COF cántabro, Marta Fernández-Teijeiro, mientras que su homólogo en La Rioja, José Javier Vázquez, alertó de otro de los posibles efectos: “La gente con la farmacia en la frontera que tiene clientes de la otra comunidad los va a perder”.
Al margen de esta situación, las farmacias realizaron su puesta a punto para aplicar el nuevo copago. En este sentido, el presidente de los farmacéuticos extremeños, Cecilio Venegas, dijo que su comunidad tiene “el grueso solucionado”, pero aún existe un residual de recetas papel, por lo que el objetivo de cara a los próximos meses será “intentar entre todos que crezcan las informatizadas y las electrónicas”. Del mismo modo, los farmacéuticos madrileños cerraron la semana pasada con su consejería el procedimiento que permite identificar el código de aportación de cada paciente en las recetas que no lo llevan.
Medida “recaudatoria”
Por su parte, los colegios de La Coruña y Lugo defendieron que, en su caso, el sistema de receta electrónica implantado en la práctica totalidad de las boticas gallegas permitiría evitar que los pacientes adelanten más dinero del que les corresponde y que, posteriormente, habrían de reembolsarles. “Los farmacéuticos lo ven como una medida recaudatoria, con posibles perjuicios sobre pacientes con rentas más bajas que podrían optar por prescindir de los medicamentos”, precisaron.
Y es que, el colectivo consideró que “carece de cualquier lógica sanitaria” disuadir al paciente de retirar fármacos prescritos por un médico que cree que los necesita. Por ello, el colegio lucense celebró que, finalmente, en Galicia se apostara por evitar que los pensionistas de esta comunidad adelanten más dinero del que les corresponde por sus medicamentos.
Asimismo, la Consejería de Sanidad de Andalucía acordó con los farmacéuticos de esta comunidad que los pensionistas andaluces tampoco paguen más allá de los umbrales máximos de aportación, un procedimiento que, en este caso, resulta posible gracias a la implantación total del modelo de Receta XXI.
Premura e improvisación
En cambio, Cantabria no seguirá los pasos de Andalucía y Galicia, pese a tener implantada la receta electrónica, dada la “premura” con la que, según Fernández-Teijeiro, se han puesto en marcha las nuevas aportaciones. A ello, Aguilar añadió que este cambio llega en la “peor época del año”, cuando más desplazamientos de ciudadanos hay entre comunidades.
El presidente de los farmacéuticos de Castilla y León indicó, además, en la necesidad de que el reintegro se produzca “cuanto antes” para aquellos usuarios a los que se les tenga que devolver más. “Nos preocupa que haya pacientes que por cuestiones económicas no tomen los tratamientos que tienen que tomar. Eso sí que generaría un problema de salud y aparte generaría un incremento en los gastos sanitarios de manera notable”, argumentó Aguilar.
En la misma línea, la patronal de farmacias catalana, Fefac, alertó del riesgo de poner en marcha el copago el 1 de julio, dada la “precipitación e improvisación”, y reclamó retrasar su entrada en vigor. Para canalizar su queja abrió en su web una campaña de recogida de firmas (a cierre de esta edición se registraron 540) con anterioridad a que la Generalitat aprobase el aplazamiento hasta octubre la implantación definitiva de este copago. Y es que, tal y como afirmó el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, de no aplicar esta moratoria, los más de 350.000 pensionistas catalanes “pagarían 3,2 millones de euros extras. “
