Esta semana se cumplen dos años de la campaña que el PP llevó a cabo contra la subida del IVA aprobada por el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Por aquel entonces, la oposición popular cifró en 160 millones de euros el impacto de aquella medida en la Sanidad pública
—que acumularía 130 de esos millones— y la privada. “Con ello se podría sufragar la nómina a 1.700 médicos durante un año, o construir 60 centros de salud de un tamaño considerable”, criticó un portavoz del PP. Pero la subida del IVA aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros superará esta cantidad. Si se tiene en cuenta que el tipo general subirá tres puntos y el reducido dos (casi el doble de lo que subió en 2010), hoy los cálculos del PP podrían suponer un impacto de hasta 320 millones de euros: 260 en la Sanidad pública y 60 en la privada.
El Gobierno ha dado la puntilla a su programa electoral forzado por las circunstancias. “Si no reducimos el déficit pondremos en riesgo a medio plazo la prestación de los servicios públicos (...) Necesitamos que nos presten dinero hasta pagar las prestaciones por desempleo, los sueldos de los funcionarios, la sanidad o la educación”, dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una sesión del Congreso prevista para explicar los ajustes que aprobó el Consejo de Ministros, pero que en realidad derivó en lo más parecido al Debate del Estado de la Nación.
Un antes y un después
El sector privado logró sobrellevar la crisis tras la anterior subida del IVA, a pesar de la enorme competencia y la presión por las tarifas de las aseguradoras, gracias al crecimiento de los asegurados. Que este incremento se mantenga con la nueva subida es un escenario poco probable, que, según Juan Abarca, secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), sitúa al sector privado ante “un antes y un después” de julio de 2012. “Nosotros pagamos IVA pero no lo podemos repercutir, con lo cual va directamente contra nuestra cuenta de resultados y los márgenes ya están apurados”, explica el propio Abarca.
A una pérdida estimada en el 0,5 por ciento de la facturación total se suma el hecho de que la única vía de acción posible para el sector es trasladar el problema a las administraciones, ya que no tienen parte en la decisión sobre un posible incremento de precios: hospitales y clínicas no pueden influir en las primas que las aseguradoras cobran a los pacientes. Las consecuencias, para el IDIS, son claras: despidos y cierres.
Los daños al sector público vienen de mano del sector de la tecnología sanitaria. La patronal que lo representa, Fenin, cree que los productos sanitarios merecen un tratamiento equivalente al del medicamento, que seguirá gozando de un tipo superreducido del 4 por ciento. No obstante, tras las dudas sembradas por la Comisión Europea sobre la aplicación de tipos en este ámbito, ha venido manteniendo contactos con la Administración tributaria y altos estamentos del Gobierno para buscar la mejor solución y garantizar al menos el mantenimiento del trato impositivo que tiene hoy la tecnología sanitaria.
Pese a ello, la subida del 8 al 10 por ciento en el tipo reducido ha dejado a la patronal muy preocupada por sus efectos en un sector que empezaba a vislumbra el fin de los impagos y las demoras gracias al plan de pago a proveedores. Ya con la subida aprobada por Rodríguez Zapatero, Fenin auguró que la capacidad de compra de las administraciones sanitarias se vería resentida de manera considerable. Días antes de anunciar la medida, el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, advirtió que aumentar el IVA reducido obligaría necesariamente a aumentar el presupuesto sanitario, lo que según sus palabras sería “hacer trampas al solitario” porque conllevaría un aumento del déficit.
Otros recortes
El incremento de impuestos no será la única vía en la que los nuevos ajustes afectarán al sector sanitario dentro del objetivo global de ahorrar 65.000 millones de euros en dos años. En una segunda fase de reordenación y ajuste del sector público, todavía falta por saber cómo se repartirá el tijeretazo de 600 millones en el presupuesto de los Ministerios para este año y cuánto se le descontará al departamento de Ana Mato.
Además, las medidas tocan de nuevo a los funcionarios, a los que se suspende el pago de la segunda paga extraordinaria (la de Navidad). La decisión se extenderá a los altos cargos de administración y, posiblemente también a los diputados y senadores, pero sólo los funcionarios lo verán compensado con aportaciones al fondo de pensiones desde 2015. También se ajustarán a la baja sus días de libre disposición; se rebajará el número de liberados sindicales; se equipararán las condiciones de incapacidad temporal del funcionariado a las del resto de los trabajadores y se facilitará la movilidad laboral.
Estas medidas suponen una nueva “vuelta de tuerca” para el médico por su condición de personal estatutario al servicio de la Administración, y hieren de muerte el diálogo abierto con el sector. Horas después de hacer públicos los ajustes, las centrales sindicales abandonaron la Mesa de la Función Pública en señal de protesta.
