El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, calificó de “barbaridad” que el Ministerio de Sanidad pretenda que los inmigrantes sin papeles que lleven un año empadronados en España paguen por acceder a la asistencia sanitaria gratuita y ha dudado de que el Gobierno tenga competencias para poder implantar esta medida. Martínez Olmos se pronunció así, en declaraciones a Europa Press, después de que se conociera que el departamento que dirige Ana Mato esté planteando, según recoge hoy el diario El País, la posibilidad de hacer pagar 710 euros a los inmigrantes menores de 65 años y 1.864 euros a los mayores de esa edad.
Esta medida, a juicio del dirigente socialista, va a generar una “mayor desigualdad” y no va a “arreglar” el problema que, ha recalcado, el “mismo” Ejecutivo había creado con la decisión de excluir a los inmigrantes sin papeles del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, afirmó que si se lleva a cabo esta normativa se van a “agravar” las enfermedades que puedan tener los miembros de este colectivo social y, también, las “infecciones” que puedan transmitir al resto de la sociedad. Para Martínez Olmos, “hay determinadas enfermedades que son de carácter infeccioso y si no están atendidas por la sanidad pública al final se siguen propagando por la comunidad”, por lo que cree que esta medida del Gobierno “es una autentica barbaridad y no sólo por razones de humanidad o de reconocimiento de derechos sino por pura eficacia de las medidas preventivas y asistenciales”.
De igual modo, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, aseguró que es un “escándalo” que se pretenda limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública y ha calificado al Gobierno de “racista y prepotente” por intentar excluir a este colectivo de la asistencia sanitaria. A su juicio, esta medida supone un “intento de criminalización” a los inmigrantes para hacerlos “culpables” del “despilfarro” sanitario que se ha producido durante años en España y, avisó de que la sociedad española se está enfrentando a lo que puede ser “la puesta en práctica” del modelo “privatizador, de aseguramiento, del PP” frente al modelo universal de Sanidad.
Acabar con el paraíso ilegal
Desde las filas populares defendieron la intención del Gobierno al precisar su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, que los convenios sanitarios que tendrán que suscribir los inmigrantes sin papeles para poder recibir asistencia en la Sanidad pública española tienen como finalidad que España “deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal”. Hernando manifestó que “los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente en España”, un país que, según dijo, “no puede seguir soportando ser el escenario principal de la inmigración ilegal, de la entrada de inmigrantes ilegales del conjunto de la UE y en esto coincido con algunas reflexiones que hicieron en el seno del anterior gobierno”.
En su opinión, “los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países. Dicho esto, ninguna persona que esté en nuestro país, sea inmigrante ilegal o legal, va a quedar exento de la atención sanitaria de urgencia y eso es muy importante”. Asimismo, Hernando consideró que España debe tender a lo que sucede en otros países de la UE, como Alemania, “donde cualquier inmigrante que llegue a ese país sea legal o ilegal y no tenga la tarjeta sanitaria europea tiene que contratar un seguro médico”. Por ello, insistió en que “hay que intentar ir homologando las políticas comunitarias en todos los aspectos y España tiene que dejar de ser el paraíso de la inmigración ilegal”. Los inmigrantes legales, ha puntualizado, tienen el acceso a la sanidad a la educación y al conjunto de derecho de los que gozan el resto de españoles.
Comparecencia de Mato
El portavoz del PSOE en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados informó de que su partido va a pedir a la ministra Mato que comparezca en la Cámara Baja y, al mismo tiempo, van a valorar los problemas jurídicos que se puedan derivar de la aprobación de estas medidas. “Tengo dudas de que el Gobierno tenga competencias para hacer esa reglamentación, porque es un tema que las autonomías pueden hacer sin que el Ejecutivo regule nada. Por ejemplo, Cataluña y Andalucía ya han anunciado que van a seguir con la cobertura para la Sanidad de estas personas y, con sus competencias, pueden mantener la atención sanitaria de estas personas”, manifestó.
De igual forma, Llamazares también indicó que su grupo parlamentario va a pedir la comparecencia de Mato en el Congreso de los Diputados para que explique estas medidas aunque, ha apostillado, es la “ministra más escurridiza” y la que tiene “más alergia” al Parlamento. “No hay manera de que comparezca en el Congreso y sólo se dedica a relacionarse con las organizaciones sociales por carta y a lanzar noticias bomba de fragmentación como la que nos acaban de presentar. Un fragmento contra la igualdad de los ciudadanos y los derechos humanos y un fragmento contra el sistema sanitario, al que está intentando revertir de un sistema donde la salud es un derecho a un sistema donde la salud es parte de un mercado”, precisó.
OMC y Semergen
Por otro lado, el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, avisó de que limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la Sanidad pública puede provocar, “a medio y largo plazo”, problemas económicos e infecciosos y recordó que para los profesionales sanitarios es un “deber deontológico” atender a cualquier ciudadano. A este respecto, Romero precisó que disminuir la accesibilidad de este colectivo social a la Atención Primaria puede generar que estos ciudadanos dejen de acudir a los servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una “demora” en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún tipo de enfermedad.
Por su parte, desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) se tachó de “irreal” la pretensión del Gobierno de querer cobrar un canon a los inmigrantes en situación irregular por tener acceso a la sanidad pública. La vocal de la junta directiva nacional de esta sociedad, María Dolores Aicart, señaló que “independientemente de las medidas económicas o políticas, estas personas son las que hay que atender con más facilidad”. Por ello, consideró que los médicos están “obligados éticamente” a atender a todos los pacientes”.
Además, explicó que si se les cobra, los inmigrantes pueden dejar de acudir a los servicios sanitarios y “provocar una situación de urgencia”. Sin embargo, ve aún peor la situación, ya que manifiesta que esta coyuntura “puede hacer aumentar las enfermedades de origen transmisible simplemente porque no se les haya atendido”. Esto se debe a que entre este grupo marginal “hay muchos pacientes que pertenecen a grupos de riesgo como los tuberculosos o los enfermos de sida”. Por ello, insistió en que no pueden dejarlos sin atención y “ponerles trabas para que acudan a recibirla”.
