No hace falta que nadie de otro país venga a España para decirnos que la situación por la que atraviesan las oficinas de farmacia españolas es crítica. Sin embargo, el hecho de que la presidenta de la patronal farmacéutica europea PGEU, Isabelle Adenot, llamase la atención sobre la grave situación de este sector en nuestro país, hecho que se produjo durante el XVIII Congreso Nacional Farmacéutico organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en Santander entre el 24 y 26 de octubre, es revelador. Que la presidenta de los farmacéuticos europeos alerte de que se puede llegar a “la destrucción inminente” de los altos niveles de calidad en la prestación farmacéutica en España si la situación no mejora, es algo a tener muy en cuenta.
Sin embargo, la presidenta de la PGEU lo tenía fácil si es que quería hacer una radiografía de lo que le ocurre a las farmacias españolas en la actualidad. Por un lado, el 23 de octubre más de un millar de farmacéuticos se echaron a la calle en Valencia para protestar por los impagos, que ya ascienden en esta comunidad a 600 millones de euros. Otro ejemplo lo pudo observar el 25 de octubre, cuando por primera vez en su historia las oficinas de farmacia catalanas echaron el cierre para manifestar su malestar por los retrasos en el pago de la factura farmacéutica en esta comunidad autónoma. Una situación que mejoró con el pago de la factura de julio (99 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica), aunque los farmacéuticos lo que quieren es certidumbre, es decir, un calendario de pagos para saber a lo que atenerse.
Como pudo comprobar Adenot, la situación es muy complicada para las oficinas de farmacia españolas. Y todo ello ocurre sin que el servicio que se presta al ciudadano haya sufrido, de momento, ninguna merma. Un servicio que se ofrece gracias a la profesionalidad de unos farmacéuticos a los que las diferentes administraciones sanitarias parecen menospreciar. Que hagan cuentas y vean.
