Cuando el Estado no llega, hay que dar paso a la iniciativa privada que acredite un mismo nivel de calidad a mejor precio
¿Por qué ha tardado el Ministerio de Sanidad más de nueve meses en citar a expertos para reformar la cartera de servicios? ¿Servirá para algo su opinión o la decisión ya está tomada de antemano?
¿Qué ministro aplaude la revolución sanitaria de Madrid y es partidario de que se extienda a toda España, frente a la línea moderada del Ministerio de Sanidad?
¿Qué colegios profesionales saldrán en tromba contra el ‘subastazo’ andaluz?
¿Cuántos dircom de la industria están pagando injustamente la mala marcha de sus empresas?
Llegados a esta fase de la crisis, hay que hablar claro y sin eufemismos. España se encuentra al borde de la bancarrota mientras el fantasma del rescate planea. En este contexto, hay que tener presente que la Sanidad representa sobre el 50 por ciento del gasto autonómico y que es imposible de pagar por unas administraciones que han perdido 70.000 millones de recaudación desde 2008. Dicho panorama aboca a dos opciones: dejarlo todo como está y apostar por el inmovilismo, como se ha hecho hasta ahora con la esperanza de que el temporal amaine y la situación se arregle por sí sola, como pregonan la izquierda y una parte importante del PP; o dar un giro copernicano, coger el toro por los cuernos y reinventar el SNS para garantizar su sostenibilidad futura, aunque sea a costa de menguarlo en el presente. La segunda opción es la escogida por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que sabe que si no se hace algo el sistema estallará, entre otras cosas porque tendrá que ahorrar 2.500 millones extra en 2013 para cumplir el nuevo objetivo de déficit.
Susceptible de ser secundada en breve por otras autonomías, la revolución sanitaria de Madrid es más criticable por quedarse corta que por pecar de exceso, y también por llegar tarde, aunque junto a Cataluña han sido los únicos en aventurarse sin ambages a dar el paso. Razonable parece establecer un euro por receta, aunque a nadie guste, para disuadir la hiperfrecuentación y obtener ingresos extra, pues ya es difícil esquilmar más al sector del medicamento. Y razonable parece externalizar los servicios sanitarios de seis hospitales. Cuando el Estado no llega, más vale dar paso a la iniciativa privada siempre que acredite un mismo nivel de calidad a mejor precio. O se daba este paso, o los sanitarios de los centros públicos corrían riesgo de no poder cobrar sus nóminas. Y razonable es la autogestión en la Atención Primaria. Si nos fijamos en las declaraciones de las sociedades científicas de este nivel asistencial durante los últimos años veremos que muchos de sus directivos denostaban la vinculación funcionarial que ata a los médicos al sistema. Ahora, si se atreven a dar el paso, serán los que determinen cuánto ganan y trabajan, y cómo organizan su trabajo. La reforma sanitaria de Madrid se queda corta porque apenas le mete mano a uno de los males del sistema en todo el país: el régimen estatutario obsoleto que regula el ejercicio profesional. Apenas remozado tibiamente, el Servicio Madrileño de Salud, como el resto, sigue sin poder fomentar la movilidad de personal entre centros, ni recompensar el trabajo bien hecho o castigar la indolencia. Es hora de que el ministerio mueva ficha y congregue a los servicios de salud para efectuar un movimiento que sí tendría mucho de giro copernicano. Reprochable es, asimismo, que no explore otras fórmulas de ahorro en bolsas de ineficiencia que aún subsisten. En sus áreas hay productos caducados cuyo destino es la basura. La Agencia Laín Entralgo tenía que haberse cerrado hace muchos años y la duplicidad de pruebas está a la orden del día.
