En el maremágnum de desarrollos reglamentarios derivados del Real Decreto-ley 16/2012, uno de los textos que más expectativas ha generado en el sector farmacéutico es la nueva regulación de precios y financiación en España. El Ministerio de Sanidad ha retrasado a principios de 2013 la presentación de un borrador que viene abanderado por la apuesta del Gobierno por evitar las diferentes evaluaciones, según cada comunidad autónoma o la Comisión de Farmacia de Hospital de que se trate, para llegar a una única evaluación: la de la Agencia Española de Medicamentos. Así lo aseguró la semana pasada el director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Agustín Rivero, en la jornada “Cambios en el sistema de fijación de precios” organizada por EG y patrocinada por AstraZeneca.
Para conseguir este objetivo, las agencias de evaluación se verán obligadas a trabajar en red. Pero esto no será un problema, a juzgar por la unanimidad con que las comunidades autónomas afrontan este asunto. Por las consejerías de Sanidad ya ha circulado más de un borrador de este proyecto normativo y, según Rivero, ninguno de los cambios solicitados por los responsables autonómicos gira en torno a la evaluación única.
La nueva regulación será también el punto de partida para compartir riesgos. Además de los contratos de riesgo compartido, que hasta el momento solo han sido vistos en nuestro país en unos cuantos proyectos piloto, especialmente en Cataluña y Andalucía, Rivero aseguró que también habría que avanzar en acuerdos de precio volumen.
Antes de explicar algunos de sus detalles, Rivero quiso salir del paso de las críticas lanzadas al ministerio sobre la parálisis de aprobación de nuevos medicamentos y dio cuenta de “tres medicamentos caros” que recibieron el visto bueno en la última Comisión Interministerial de Precios. “No se está en contra, pero el objetivo es saber en qué situación exacta, a qué persona, en qué momento y cómo se tiene que dar un medicamento”, dijo.
Estas son precisamente las señas de identidad del riesgo compartido, que incorpora el criterio de flexibilidad ante circunstancias cambiantes. De hecho, el ministerio ya ha comenzado. Según Rivero, diversas compañías farmacéuticas han planteado que si se acuerda un número máximo de pacientes a tratar, si luego se supera, se produzcan “rebajas importantes de precio en ese producto”. Más allá, según explicó el director general, alguna compañía ha llegado a ofrecer gratuitamente el coste de tratamiento de un mes si al finalizar este periodo se comprueba que los efectos no se ajustan a lo establecido en su ficha técnica.
Evaluación del 16/2012
El ministerio tiene la intención de abrir a principios de 2013 un proceso de reflexión para evaluar el impacto de “algunos aspectos” del RDL 16/2012, seis meses después. Sobre la mesa hay varios puntos que tocarán directamente a la nueva regulación de precios y financiación: patentes; precios menores o más bajos y el futuro de los fármacos desfinanciados. Uno de esos temas, según confirmó Rivero, será la posibilidad de ampliar a tres meses el plazo de convivencia de precios para las farmacias y distribuidores cuando se aplican los precios menores.
Una de las consecuencias del RDL 16/2012 se verá en enero, con el retorno de la actualización del sistema de precios de referencia a través de una Orden Ministerial y no de una Resolución.
Al hablar de regulación de precios y financiación en el discurso del director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, hay una palabra que se repite: transparencia. Es una de las metas de la norma, y se hará dando a las compañías la oportunidad de sentarse, discutir y aportar la información sobre un producto “antes de fijar un precio en base a su eficacia, su beneficio o su utilidad terapéutica”.
El nuevo procedimiento para la elaboración de los informes de utilidad terapéutica se someterá al visto bueno del Interterritorial esta semana. Según el borrador, siempre habrá alguien de la Aemps ‘dirigiendo’ estos informes, como ponente o coponente
