El Gobierno piensa llevar este mes al Consejo de Ministros el recurso ante el Tribunal Constitucional por la tasa de un euro por receta aprobada por el Ejecutivo madrileño y que se aplica en la Comunidad de Madrid desde este mismo martes, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.
Los informes pertinentes en los que se puede basar el recurso ya han sido elaborados por el Ministerio de Sanidad, que ya ha remitido toda la documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado.
De este modo, según las fuentes consultadas por la agencia, será este mismo mes de enero cuando el Gobierno aborde este asunto e incluso podría ponerse sobre la mesa en el primer Consejo de Ministros del año, que tendrá lugar el 11 de enero.
En el caso del euro por receta de Cataluña, que entró en vigor el 23 de junio, el Gobierno abrió una larga negociación con la Generalitat para intentar alcanzar un acuerdo y evitar el recurso ante el TC. Pero ahora el Gobierno da por hecho que esos plazos no se agotarán con el Ejecutivo madrileño.
El pasado 14 de diciembre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el recurso contra el euro por receta de Cataluña, en el que se pedía además la suspensión de esta tasa. Según la portavoz del Ejecutivo esta medida “vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos”, al tiempo que “perjudica” la igualdad de los españoles, ya que “grava por dos veces” la adquisición de medicamentos.
El informe que elaboró entonces el Consejo de Estado sostiene que las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según establece la Constitución en su artículo 149.
Pero esta información no supone una sorpresa. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avisaba sobre este recurso ante el TC si el euro por receta entraba en vigor en la Comunidad de Madrid. “El Gobierno ya ha recurrido en el caso de Cataluña al Constitucional y comprenderá que sería impensable que tomara una decisión diferente en Madrid”, precisó el pasado 28 de diciembre.
A pesar de esos recursos por parte del Gobierno central, tanto la Generalitat de Cataluña como la Comunidad de Madrid han mantenido su postura y han asegurado que no retirarán la medida.
El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, insiste en que la aplicación de esta tasa se produce “en un momento muy duro de una crisis económica muy profunda” y, además, apunta que a ello hay que añadir que la Comunidad de Madrid ha sido “víctima” de un sistema de financiación autonómica “muy injusto”, lo que ha obligado a “hacer un ajuste muy importante”.
