El ajuste de 4.000 millones de euros que las comunidades autónomas tendrán que afrontar en 2015 no implicará medidas ‘impuestas’ en el ámbito de la Farmacia. El Gobierno no tiene previsto adoptar nuevos ajustes en el ámbito del medicamento, más allá de la orden de precios de referencia, según consta en el Plan Presupuestario para 2014 de las Administraciones Públicas remitido a Bruselas. Sin embargo, la reforma farmacéutica continúa siendo por ahora la única vía palpable de ahorros en el gasto sanitario, cuya racionalización, según el Gobierno, sigue cobrando una “importancia destacada”. El resto de medidas que se incluyeron en el Programa Nacional de Reformas no sólo siguen pendientes, sino que no tienen fecha prevista de aprobación.
Las medidas de ordenación de la cartera común básica de servicios asistenciales; la regulación de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, y sus tres reales decretos derivados; el nuevo modelo sociosanitario; y la reforma del sistema de atención a la dependencia se encuentran, según confirma el Ejecutivo, en proceso de elaboración, pero su puesta en marcha continúa siendo imprecisa. Por contra, la nueva orden de precios de referencia sí tiene fecha prevista de aprobación (el cuatro trimestre de 2013). A ella se une, además, la plataforma de compras centralizada, que ya está en marcha.
¿Son nuevos recortes o no?
La suma de las diversas medidas en Farmacia arrojan un ahorro bienal de 464,2 millones: 217,2 en 2014 (de los cuales 25,9 millones corresponden a la compra centralizada y 191,3 a otras medidas en materia de Farmacia) y 247 en 2015 (29,4 por la central de compras y 217,6 por otras medidas). El resto del ajuste en Sanidad seguirá viniendo, según el Gobierno, de la reforma iniciada a partir del Real Decreto-ley 16/2012. En conjunto con la reforma educativa, y descontando el impacto de medidas de gastos de personal derivadas de decisiones adoptadas en 2012, el ahorro será de 1.600 millones en 2014 y casi 1.900 en 2015.
Las cifras del Gobierno no señalan nuevos esfuerzos adicionales, aunque la oposición y algunas comunidades autónomas no lo ven tan claro. La consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, considera que es un “recorte nuevo e inducido que perjudica a las comunidades autónomas”. La preocupación se dirige a las políticas sanitarias. El Grupo Parlamentario Socialista también ve en el plan “nuevos recortes sanitarios” y ha pedido que la ministra de Sanidad, Ana Mato, comparezca en el Congreso.
No hay cambio de rumbo en la congelación de la financiación pública de la I+D. La recuperación financiera de las actividades vinculadas a la investigación no vendrá por la vía de los Presupuestos Generales, sino por la vía privada. El Plan Presupuestario 2014 confirma el cambio de tendencia que quiere impulsar el Gobierno, dando prácticamente por realizado el papel del sector público en el cumplimiento de los objetivos para 2020.
A día de hoy, el gasto en actividades de I+D representa un 1,39 por ciento del PIB. La mayor parte de esta cifra, un 0,79 por ciento del total, corresponde a financiación pública, mientras que el 0,60 por ciento restante a la privada. España se ha fijado como objetivo alcanzar el 2 por ciento del PIB para 2020, y para conseguirlo el Gobierno contempla “un incremento notable en el grado de implicación y participación del sector privado”, que según el plan ha de alcanzar el 1,20 por ciento en 2020, dejando la participación pública en un 0,80 por ciento.
