Pere Brachfield, es director de Estudios de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad PMcM Las oficinas de farmacia son la primera línea de defensa de la salud de los ciudadanos, y los farmacéuticos ejercen un importante papel para la sanidad pública. A este respecto, hay que destacar que las oficinas de farmacia vienen obligadas por real decreto a dispensar los medicamentos que se les demanden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en las condiciones reglamentarias establecidas. Por consiguiente, deben dispensar un medicamento que se solicite con la receta médica, aunque se cobre dentro de seis meses. Sobre este particular, cabe destacar que el estatuto jurídico del sector farmacéutico les permite a los boticarios ejercer la actividad de dispensar medicamentos como empresarios individuales, circunstancia específica de este colectivo que hace que respondan a las deudas derivadas de su actividad de negocio con todo su patrimonio personal. Como consecuencia del retraso en los pagos del Servei Català de la Salut (CatSalut) respecto a los plazos establecidos por el concierto, muchos titulares de oficinas de farmacia se han visto obligados a endeudarse hasta las cejas para hacer frente a las obligaciones de pago corrientes del negocio, garantizando los préstamos recibidos para mantener a flote la farmacia con todo su patrimonio personal, fondo de pensiones inclusive. Pero una vez agotados, los recursos para obtener liquidez, el retraso en los pagos ha provocado que muchos farmacéuticos no puedan atender puntualmente sus obligaciones frente a proveedores de medicamentos, Hacienda y Seguridad Social. A este respecto, algunos profesionales farmacéuticos afrontan una situación en la que carecen de liquidez para acometer sus pagos más inmediatos. Esta circunstancia lo que supone desde el punto de vista financiero y jurídico es entrar en situación de insolvencia técnica. El pecado original de por qué las farmacias no cobran no está claro. El Gobierno catalán y el central no se ponen de acuerdo y se pasan la pelota mutuamente. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) se ha reclamado una solución inmediata al problema de las farmacias antes de que éste trascienda a la ciudadanía, atentando contra su salud, puesto que las farmacias, al no cobrar, no pueden pagar los medicamentos y, por tanto, les resultará imposible disponer de ellos para la venta al público. Ya no estamos solo ante un problema de cierre de negocios y despidos de empleados a causa de la morosidad, sino de un hecho que afecta directamente al ciudadano de a pie. viernes, 08 de noviembre de 2013 h
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