El XXIV convenio colectivo de oficinas de farmacia tiene más visos de ver la luz tras la reunión mantenida este 6 de noviembre por patronales y sindicatos integrantes de la mesa negociadora. Tras unas citas previas en las que apenas hubo avances por las alejadas posturas en puntos como la retribución salarial, las patronales FEFE y Fenofar han propuesto en esta nueva cita un incremento salarial del 3 por ciento para el periodo 2014-2016 que, en principio, “satisface” al bando sindical, según confirma a EG Luis de Luis, presidente de Unión de Trabajadores de Farmacia.
Cabe recordar que, hasta la fecha, el bando empresarial se ha mostrado reacio a plasmar cualquier incremento salarial en el nuevo texto, justificado en la delicada situación que viven las farmacias. Sin embargo, ahora se ha propuesto esta subida del 3 por ciento en el nuevo texto, y que el titular podría aplicar con libertad a lo largo del próximo trienio. Es decir, podría optar, por ejemplo, por aplicar una subida del 1 por ciento en el salario del trabajador para cada ejercicio, o bien aplicarla en su totalidad ya en 2014 y mantener la congelación de salarios en los siguientes años (2015 y 2016).
Otro de los aspectos que parecen ya acordados tras esta última reunión de la mesa negociadora son las cuestiones económicas correspondientes a los años 2011,2012 y 2013, periodo en el que ha estado prorrogada la vigencia del XXIII convenio colectivo. Patronales y sindicatos reconocen los no incrementos salariales en estos años, corroborando así la decisión tomada el pasado mes de julio, cuando se decidió eliminar su artículo 4.2 (que obligaba a incrementos salariales en función del IPC anual mientras el texto estuviese prorrogado) a cambio de mantener la ultraactividad de dicho texto hasta este 31 de diciembre de 2013.
Todos estos acuerdos deberán ser refrendados en una nueva reunión que tendrá lugar el 18 de noviembre y en la que, si no hay cambio de posturas, el XXIV convenio colectivo quedará visto para sentencia. Así se evitarla mediación, siempre a partir del 1 de enero de 2014, del Sistema Interprovincial de Mediación y Arbitraje (SIMA) “lo cual no dejaría de ser una lotería”, considera De Luis.
