La contratación público-privada en sanidad es un instrumento “esencial” por parte de las administraciones públicas para introducir una mayor eficiencia al sistema sanitario, que reporta beneficios financieros, reduce las listas de espera y aporta flexibilidad e innovación en la gestión, todo ello manteniendo o incrementando la calidad del servicio prestado. Esta es la principal conclusión del informe ‘Sanidad privada: aportando valor’, el último esfuerzo llevado a cabo por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) para arrojar algo de luz en el mediático debate de la colaboración público-privada en Sanidad.
Siguiendo esta línea, la idea que vertebra el informe, que analiza la situación de las diversas fórmulas de colaboración en el Sistema Nacional de Salud, es que se trata de una herramienta empleada, sin excepción, por las 17 comunidades autónomas. En mayor o menor medida, incide el IDIS, todas ellas recurren a la contratación público-privada en el ámbito de la sanidad.
No todas, sin embargo, dedican el mismo esfuerzo. Tanto en términos absolutos (gasto en millones de euros) como relativos (porcentaje de gasto sanitario), Cataluña lidera el ranking de comunidades que más dedican a la contratación público-privada (ver gráfico). Destina casi un cuarto de su presupuesto sanitario a este concepto. Por cuantía, le siguen Andalucía y Madrid. Por porcentaje, Canarias y Baleares, si bien la diferencia es muy grande con respecto a ellas en ambos casos.
Tampoco las comunidades han optado por la misma fórmula. Aunque sus proyectos de colaboración se diversifican por la vía de los conciertos, los convenios y las concesiones, el objetivo siempre es el mismo: garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura y/o la prestación de un servicio.
Ello se explica porque el punto de partida de estas herramientas siempre es el mismo: como manera de contrarrestar unos gastos sanitarios que crecen de forma rápida, tensionando los presupuestos y dificultando determinadas inversiones; o bien como forma de evitar que los plazos se dilaten, como suele ocurrir cuando la financiación se realiza por la vía del presupuesto de forma convencional.
Las tres vías
La primera fórmula de colaboración, los conciertos, está presente en todas las comunidades autónomas. Se trata de una vía que permite prestar determinados servicios sanitarios empleando medios ajenos a los de la Administración, con beneficios adicionales a la prestación propia del servicio. Algunos ejemplos de ello son los conciertos para pruebas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, que según el IDIS suponen “un desahogo de las listas de espera” y los conciertos para prestaciones como terapias respiratorias, diálisis, rehabilitación o logopedia.
Una muestra de 3.259 concursos públicos en el período 2008-2014 resalta que, por distribución, las principales áreas en las cuales los conciertos han ganado protagonismo son el diagnóstico por imagen y las terapias respiratorias (los aplican doce comunidades autónomas); la hemodiálisis (presentes en siete autonomías) y las intervenciones quirúrgicas (en seis).
Otro tipo de contratación con el sector privado son los convenios singulares, por los que el establecimiento privado se integra plenamente en la red hospitalaria pública. Varias regiones han firmado acuerdos plurianuales con entidades privadas para su integración en la red hospitalaria pública la prestación de la cartera de servicios a un área de población determinada. Es el caso de Andalucía (Orden San Juan de Dios, Grupo Pascual y Cruz Roja), Asturias (Hospital de Jove), Baleares (Hospital de la Cruz Roja en Palma), Cataluña (varios hospitales del CatSalut), Galicia (Povisa y Centro Oncológico de Galicia), Madrid (Fundación Jiménez Díaz) y País Vasco (Orden San Juan de Dios en Vizcaya).
En último lugar se sitúan los contratos basados en concesiones, por los que el sector privado gestiona un servicio público a su propio riesgo y ventura. Según el IDIS, esta fórmula puede convertirse en una medida de sostenibilidad ya que son las empresas privadas las que asumen los riesgos de la creación de la infraestructura y el mantenimiento de los mismos, sin quebrar el principio de gratuidad y universalidad. La Comunidad Valenciana y de Madrid son las que más han apostado por ellas.
