Las candidaturas a la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid de Alexia Lario y de Luis González son inelegibles. Al menos así lo creen desde la candidatura que encabeza Marichu Rodríguez en base a un informe jurídico acerca del cumplimiento de las condiciones exigidas a los aspirantes a la vocalía de Ortopedia que presentó recientemente a la mesa electoral.
A este respecto, el informe, elaborado por el doctor en Medicina Legal y magíster en Derecho Sanitario por la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Abellán-García, insiste en que ninguno de los aspirantes a cubrir esta vocalía por parte de la lista de Lario (Saúl Medina) y González (Nieves Mijimolle) cumplen con los requisitos que establece tanto la normativa electoral como los estatutos del propio colegio.
En el caso de Medina, el informe precisa que incumple la condición de ejercer la actividad de ortopedia en oficina de farmacia y estar inscrito en la citada modalidad. Además, indica que al albur de lo señalado por el abogado del colegio, Rafael Ariño, en un escrito presentado el 10 de marzo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid, que es el que decidió retrotraer el proceso electoral a la fecha anterior a la proclamación de las candidaturas, habría ocultado su actividad como ejerciente de ortopedia en un centro distinto a la farmacia donde trabaja y contravenir con ello la obligación estatutaria de comunicación y de deslealtad al colegio.
Por su parte, respecto a Mijimolle, el informe incide en que se encuentra en la misma situación que Medina, pese a que el representante legal del colegio apuntó a discrepancias entre su expediente personal y su inscripción colegial. Y es que, según el informe, la supuesta existencia de “dos realidades administrativas” dentro del colegio (expediente personal y la inscripción colegial) no han sido explicadas con claridad, lo que sugiere “la ausencia de buena fe jurídica”. ¿Por qué? Según este informe, porque se aportó un certificado colegial “que no decía la verdad” sobre la inscripción colegial de la candidata de González a la vocalía de Ortopedia y porque presuntamente no habría pagado de forma regular la cuota correspondiente a la modalidad de ejerciente en la actividad de Ortopedia, “lo que ella misma no podía desconocer”.
Sobre este particular, el informe jurídico indica de la aportación de un documento falso en su contenido “podrían derivarse responsabilidades de carácter penal”, al tiempo que inciden en señalar que se dio por buena la presentación de una certificación colegial “que afirma una realidad que no es tal”, hecho que se agravaría al ser el secretario colegial que firma la misma el propio González.
