La situación en la que la Comunidad Valenciana llega al debate sobre la reforma del sistema de financiación es “crítica”, según reconoce el informe que la Generalitat elevó al ministerio de Hacienda. Registra el mayor endeudamiento de todas las comunidades (y no sólo desde el modelo de financiación de 2009), además de la mayor caída del PIB, una de las tasas de paro más elevadas y un gasto público por debajo de la media “que difícilmente puede sufrir mayores recortes”. Su posición parte de unos ingresos públicos que la sitúan entre las comunidades más infrafinanciadas históricamente, lo que determina su gran petición de cara a la futura reforma del modelo: acabar con el status quo que perpetúa las diferencias entre regiones y condiciona la prestación de los servicios públicos fundamentales.
Este dogma implica que cada vez que se revisa el modelo se respetan los resultados del anterior de manera que ninguna comunidad pierda con el cambio. Pero dado que el punto de partida es desigual, los fondos que han ido poniéndose para ‘parchear’ el sistema sirven también para preservar la desigualdad. El modelo aprobado en 2009 es más explícito que los anteriores en este sentido y asigna expresamente el 90 por ciento de los recursos con el criterio de respetar ese status. Hace años esto no suponía ningún problema, puesto que las comunidades podían recurrir al endeudamiento. Pero sin este recurso, garantizar la igualdad entre regiones pasa a depender exclusivamente del sistema de financiación. De ahí el cambio que solicita la Comunidad Valenciana: que el nuevo modelo “financie a las personas; no a los territorios”.
Según el informe regional, el modelo ha generado una gran brecha entre las comunidades al incumplir sus cinco objetivos fundamentales: el refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar; el incremento de la equidad; la suficiencia en la financiación de las competencias; el aumento de la autonomía y la corresponsabilidad y la mejora dinámica y estabilidad del sistema. De todos ellos, el primero es uno de los más citados por la Generalitat, que ve en la reducción constante del gasto de las comunidades autónomas en los Servicios Públicos Fundamentales (SPF), con una contracción del gasto real por habitante entre el periodo 2009-2012 del 18 por ciento, “una prueba palpable” de que el modelo no ha servido como refuerzo del Estado del Bienestar.
El sistema se ha encargado de que a este descenso generalizado se sume un desigual reparto de fondos, que afecta a todos los servicios. En el promedio de los años liquidados del actual modelo (2009-2011), los recursos no han sido suficientes para cubrir el gasto de los SPF, salvo en el caso de La Rioja. Para el resto de las comunidades de régimen común los recursos sólo han alcanzado a cubrir de media, según la Generalitat, el 86 por ciento de los gastos en sanidad, educación y bienestar social. La situación se agrava al existir comunidades autónomas con gastos en SPF por debajo de la media y en las que los recursos del modelo cubren menos del 80 por ciento de los mencionados servicios.
Asimismo, entre 2009 y 2011 las comunidades autónomas han destinado una media del 70,85 por ciento de su presupuesto a esta finalidad, si bien en algunas las partidas destinadas a los SPF supera el 75 por ciento del gasto. Ahora bien, el mayor peso en el presupuesto de gastos de una comunidad de los SPF no implica necesariamente que su gasto por habitante en los mismos sea mayor, pues el total de gastos per cápita de las distintas comunidades es muy distinto (ver gráfico). El mapa general permite entrevér la enorme distancia a la que se sitúan las comunidades forales (muy por encima de la media) y también que las desviaciones entre comunidades de régimen común son sustanciales, superiores en bastantes casos a los 20 puntos porcentuales, tanto por encima como por debajo de la media.
Esta situación no solo afecta a la financiación de la sanidad y el resto de Servicios Públicos Fundamentales. Las diferencias de gasto medio por habitante en el resto de competencias autonómicas vuelven a ser sustantivas, especialmente en el caso de las comunidades forales, y además los porcentajes de desviación sobre la media son ahora mucho mayores que en el caso de los SPF. De hecho, hay comunidades autónomas (como la valenciana) que se encuentran por debajo de la media tanto en los gastos destinados a los SPF como en el resto de gastos.
