La introducción del concepto de ‘población ajustada’ como variable de aproximación a las necesidades de gasto es un elemento positivo que el modelo de financiación vigente desde 2009 aporta frente a los anteriores, pero la definición de su composición (factores determinantes, cálculo y ponderaciones de cada uno) presenta, según Asturias, “deficiencias que deben ser ajustadas”. El Principado cree preciso iniciar ya el proceso de elaboración de una metodología específica para la medición del gasto, “basada en estadísticas fiables y comparables de costes, análisis de costes que debería ser llevado a cabo por un organismo oficial de carácter independiente”. El informe que ha remitido al Ministerio de Hacienda considera que el sistema “infravalora” la importancia de factores como la población protegida equivalente, el envejecimiento o la dispersión, y “olvida” otros que habría que tener en cuenta, como la orografía.
Son varios los factores que influyen en el cambio que Asturias requiere sobre el concepto de ‘población ajustada’. Uno de sus componentes, el de la ‘población protegida equivalente’, afecta de lleno al gasto sanitario y su impacto sobre las cuentas regionales. Esta variable pretende ajustar la población teniendo en cuenta el coste sanitario según la edad de la población protegida. Con ello se pretende representar aquella parte de las necesidades totales de gasto que se derivan de las prestaciones sanitarias y el coste que conllevan. Según Asturias, el análisis de esta variable permite concluir que, por una parte, su ponderación (38 por ciento) “resulta insuficiente” y, por otra, el cálculo de costes diferenciales por tramos de edad (actualmente siete) “debe ampliarse a más tramos y actualizarse el coste relativo de cada uno”.
El primero de los defectos señalados se deriva del peso que las necesidades de financiación del coste sanitario tienen sobre el total de las necesidades financiadas por el sistema. Este peso supera claramente el 50 por ciento en el periodo de vigencia del modelo actual, porcentaje que resultaría incluso superior si se considera únicamente la parte de los ingresos teóricamente destinada a sufragar el gasto derivado de los servicios públicos fundamentales (75 por ciento de la capacidad tributaria). “Si bien es cierto que puede haber algunas prestaciones que no formen parte de una cartera básica de servicios a financiar por el sistema, resulta evidente que el peso actualmente asociado es insuficiente”, indica el informe.
En segundo lugar, la definición de esta variable se deriva del último informe del grupo de trabajo sobre análisis del gasto sanitario, de 2007, que utilizaba para los cálculos un reparto de la población protegida en siete tramos de edad, solo dos de los cuales se situaban por encima de los 65 años. Asturias echa mano de los estudios disponibles en la materia que aseguran que el gasto sanitario crece de forma exponencial a partir de esa edad. Si además de ello se tiene en cuenta que la mayor parte del gasto sanitario se concentra al final de la vida (más del 60 por ciento a partir de los 65 años) y que la esperanza de vida se ha incrementado en los últimos años, el documento concluye que el peso calculado en 2007 (2,175 para los mayores de 65 años y 2,759 para personas de más de 75 años) también resulta “claramente insuficiente”.
Estas carencias también justifican, para Asturias, la necesidad de realizar un análisis de la distribución del gasto sanitario por edades y con datos actualizados. “Se hace necesario incrementar el número de tramos a partir de los 65 años si se desea reflejar adecuadamente y con rigor el peso de la edad en el gasto sanitario a través de la población protegida equivalente”, concluye.
La fórmula de cálculo de la población ajustada definida en el actual modelo contempla otras variables que a juicio de Asturias merecen un análisis detallado. Por una parte, la fórmula actual contempla la superficie de cada territorio y le otorga un peso relativo del 1,8 por ciento. Esta variable se mide en unidades de superficie, de manera que “no se reflejan las diferencias en dificultades orográficas, que evidentemente suponen mayores costes a igualdad de superficie, tanto en términos de desplazamiento para la prestación de servicios públicos”.
Este impacto se hace visible, sobre todo, en la prestación de la sanidad y el resto de servicios públicos fundamentales. Según Asturias, además de la superficie deberían tenerse en cuenta los tiempos de desplazamiento, el coste de las infraestructuras y otros factores relacionados con las diferencias orográficas. Por ello solicita también un estudio riguroso sobre este factor.
El Principado también entiende que la importancia del factor de dispersión debería ser superior al 0,6 por ciento actual. Siendo un factor relacionado con el anterior, resulta indudable, según Asturias, que los costes de prestación de los servicios y la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras están influidos por el grado de dispersión, lo que en su opinión aconseja la realización de estudios que determinen con precisión el peso relativo de esta variable.
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El peso de las necesidades de financiación del coste sanitario (52,1 por ciento desde 2009) tiene mucha presencia en el informe asturiano, y se vincula con una de sus críticas centrales ante un sistema que no financia necesidades, sino que se limita a repartir recursos disponibles. Como ejemplo de ello, el informe recuerda que entre 2009 y 2014, las comunidades han reducido su presupuesto sanitario un 18,7 por ciento, y los recursos del sistema han caído, a su vez, un 15,1 por ciento.
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En su análisis del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común de 2009, el Principado de Asturias se ha apoyado en varios informes que permiten apoyar con datos como el factor del envejecimiento poblacional ha sido infravalorado como impulsor del gasto público. Según las conclusiones de estos estudios, frente a un promedio de gasto de 362 euros por habitante, el gasto generado por los mayores de 75 años es de 1.255 euros, casi seis veces superior al que genera la población de entre 15 y 44 años.
