Poco a poco, el objetivo del Ministerio de Sanidad de homogeneizar la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud se impone, no por la fuerza de la normativa al respecto (Real Decreto-ley 16/2012 y la última revisión de la Ley de Garantías), sino a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo hecho público la semana pasada en relación al euro por receta catalán no avala directamente los cambios que el Gobierno central ha aplicado en materia de Farmacia (la propia reforma sanitaria está a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional), pero sí secundan su filosofía. Madrid da por asumido que la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés se repetirá en unos días con su euro por receta, lo que sitúa a Andalucía, con las subastas de medicamentos, como el último bastión frente a la armonización farmacéutica.
“El Sistema Nacional de Salud es único”, recuerda el argumentario del Constitucional a la Generalitat de Cataluña. Esta idea siempre ha estado, de una u otra forma, en las decisiones que el Tribunal ha tenido que adoptar en relación a la judicialización del RDL 16/2012, y que ha abarcado dos aspectos fundamentales: la asistencia sanitaria y el copago de los medicamentos. Si bien en el primer ámbito el Tribunal Constitucional se resiste a dar la razón al Gobierno central, todas los pasos que hasta ahora se han hecho públicos en materia de Farmacia han cortado las alas a las comunidades autónomas.
Salvando las distancias, el decreto de prestaciones sanitarias del Gobierno vasco; la Ley Foral de Prestaciones Farmacéuticas aprobada por el Parlamento de Navarra y los ‘euros por receta’ de Cataluña y Madrid se apoyan en un mismo objetivo: ampliar y/o mejorar la cobertura sanitaria y farmacéutica y sus márgenes de eficiencia. En esta línea también se sitúa la apuesta de Andalucía por las subastas. A ojos del Gobierno central, sin embargo, todas estas comunidades han aplicado (o aplican) una disciplina divergente con la estatal y, por lo tanto, incompatible. El Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el fondo de todos estos asuntos, pero el hecho de admitirlos a trámite ha jugado a favor de la reforma farmacéutica, lo que ha acabado imponiendo el copago farmacéutico por renta en País Vasco y ha paralizado una rebelión similar en Navarra.
En el caso de Cataluña, todavía se desconocen las consecuencias de la decisión de inconstitucionalidad de la tasa farmacéutica. El gobierno regional todavía no ha podido acceder al texto completo de la sentencia, por lo que de momento desconoce si tendrá que devolver o no a los ciudadanos los 49 millones de euros que recaudó por este concepto. En todo caso, las estimaciones que ha realizado indican que cada afectado recibiría unos 35 euros, como mucho, lo que le hace suponer que el coste de gestionar estas devoluciones superaría incluso a la cuantía de las mismas.
Asuntos pendientes
Pese a haber adoptado una reforma de la Ley de Garantías que cerca la capacidad de decisión de las comunidades en el ámbito de la prestación farmacéutica, los intentos regionales por salirse del esquema único estatal continúan. Ejemplo de ello son la apuesta de Andalucía por las ATEs. No sería de extrañar que, de salir adelante, este esquema acabe engrosando el amplio listado de asuntos que se han acabado dirimiendo en el Tribunal Constitucional, no solo por conflictos entre administraciones públicas, sino promovidos por los agentes de la cadena del medicamento.
El fallo sobre el euro por receta deja también constancia de la rapidez del Tribunal a la hora de decidir sobre este asunto. Ha tardado año y medio, lo que lleva a pensar que la sentencia sobre las subastas, que lleva pendiente dos años, podría estar al caer. Las esperanzas, no obstante, se minimizan si se tiene en cuenta el retraso acumulado de la resolución de otros conflictos farmacéuticos. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, sigue pendiente de determinar la constitucionaldad o inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 5/2000, un asunto que continúa en lista de esperadesde 2006.