La presidenta del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), Sonia López Arribas, reconoció ante el juez que no existía una asignación presupuestaria para la retribución del ex director general de la institución, Antonio Mora. López Arribas acudió como imputada el pasado 30 de abril al juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para contestar por la denuncia que interpuso el compromisario Guillermo Sierra por corrupción entre particulares.
Su declaración ha servido una vez más para dejar muestra de la división interna que sufre el colegio desde su llegada a la presidencia. “El pleno de la Junta Directiva sabía que no había asignación presupuestaria para ese nombramiento”, según se desprende de la transcripción de su comparecencia, a la que ha tenido acceso este periódico.
La justificación de López Arribas se basa en dos puntos: por un lado, la Junta aceptó que el sobrante de los fondos de otras partidas presupuestarias fuera destinado a la retribución de Mora, también imputado por la denuncia de Sierra; y por otro, que la Asamblea aprobó en marzo de 2013 la cuenta de resultados de 2012, en la que ya aparecía el salario del entonces director general, que había accedido al cargo el 22 de junio de 2012.
En su declaración, la presidenta insistió en que durante la Asamblea de presupuestos celebrada en diciembre de 2012 “no hubo votación expresa sobre este nombramiento puesto que nadie lo cuestionó, ni siquiera el compromisario denunciante”.
Rechazo de los presupuestos
Fuentes del colegio contradicen esta versión y reiteran que la alta retribución de Mora fue el detonante para que no se aprobaran los presupuestos de 2013. El propio Sierra tomó la palabra para denunciar que el director general carecía de título universitario y que no podía desempeñar aquella función. “No lo considerábamos cualificado porque no tenía experiencia”, según explican las mismas fuentes. En concreto, el salario de Mora ascendía a 153.500 euros brutos anuales, según aparecía en los presupuestos y en su contrato al que tuvo acceso este periódico (ver GM nº 462).
Tres meses después del rechazo a los presupuestos, en marzo de 2013, la Asamblea votó a favor de la cuenta de resultados, a pesar de que Mora ya había cobrado los seis meses de su contrato.
La presidenta hizo caso omiso de las advertencias de los compromisarios y Mora continuó percibiendo su salario primero como director general y posteriormente como asesor de López Arribas y de la Junta Directiva.
A pesar de la polémica que suscitó el salario de su hombre de confianza en el seno del colegio, la presidenta alegó ante el juez que no recordaba la retribución que percibía por los diferentes cargos que desempeñó Mora en el colegio.
Despidos en el colegio
Desde el aviso lanzado por la Asamblea, el resto de los miembros de la Junta trataron de seguir las directrices marcadas hasta que finalmente el 7 de octubre se le comunicó su despido “por pérdida de confianza”. Su cese fue declarado improcedente por el Juzgado de lo Social y se encuentra actualmente pendiente de recurso, según consta en la declaración de López Arribas. Fuentes del colegio han explicado que Mora ha solicitado ya su reincorporación al Icomem.
Se da la circunstancia de que el abogado de López Arribas es Emilio Lizárraga, que en la actualidad mantiene un proceso judicial pendiente por su despido en 2012. Precisamente su cese del colegio recibió el visto bueno de la presidenta y de Mora.
