Era la crónica de una muerte anunciada. Hace ya varias semanas que la decisión del PSOE, la Izquierda Plural y UPyD de hacer público su voto negativo al dictamen de la subcomisión sobre los problemas estructurales del SNS implicaba el fracaso, de nuevo, de alcanzar un pacto político en torno a la sanidad. Solo quedaba por saber cuál sería el resultado de las negociaciones con el resto de grupos. La Comisión de Sanidad del Congreso desveló por fin el enigma, saldado después de dos años con una serie de recomendaciones acordadas entre el Grupo Parlamentario Popular, Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y “preservar” la universalidad en el acceso.
En total, el dictamen incluye un total de 28 recomendaciones que, según el portavoz del PP, Rubén Moreno, son fruto de las propuestas realizadas por los más de 30 expertos que han participado en esta subcomisión. Los grupos nacionalistas han decidido apoyar el dictamen a pesar de considerarlo un “pacto de mínimos”.
Entre los puntos del acuerdo, se propone “garantizar la naturaleza pública de la financiación” del SNS y su calidad asistencial, con el “respeto de los derechos de los pacientes en todos los casos”; definir un nuevo modelo de financiación “estable, suficiente, respetuoso y coherente con la cohesión territorial”; “fortalecer” la cohesión territorial; poner en marcha un mecanismo de compensación económica por atención a pacientes entre comunidades; o garantizar el pago a proveedores.
