La Guardia Civil mantiene abierta la ‘Operación Pharmakón’, por la cual han sido investigadas —y clausuradas temporalmente— diez farmacias rurales aragonesas por su presunta implicación en una trama ilegal de venta paralela y exportación de medicamentos, por lo cual sus titulares fueron detenidos (si bien solo uno de ellos, propietario de una botica en Alloza, Teruel, permanece en prisión). Esta operación —bajo secreto de sumario y en la que no se descartan nuevas detenciones, según ha confirmado el juez instructor a los colegios farmacéuticos aragoneses— tuvo su origen el pasado mayo con la detención de la boticaria de Palomar de Arroyos (Teruel) por falsificar recetas y revender medicamentos a una parafarmacia.
Pero no solo Aragón es foco del fraude. Basta con ‘tirar’ de hemeroteca, sin necesidad de mirar muchos años atrás, para constatar que se trata de un problema acuciante en toda España. En julio, la Operación Caduceo desarrollada por la Guardia Civil y la Aemps destapaba una red de venta ilícita de medicamentos en la que estaban implicadas 50 farmacias de ocho regiones (Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Cataluña, Madrid y Aragón). En febrero, la Generalitat valenciana expedientaba a 15 boticas regionales por exportación ilegal de ciclosporina. Unos meses antes, en diciembre de 2013, y por esa misma práctica, el Departamento de Salud de Navarra sancionaba a dos boticas con 130.000 y 90.000 euros respectivamente (más el cierre temporal de una de ellas) e investigaba a otras nueve.
El repaso continuaría con más ejemplos en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia (2013). El balance preocupa: más de un centenar de farmacias han sido ‘cazadas’ desde 2013 cometiendo prácticas fraudulentas. Aunque el porcentaje sobre el total de la red es ínfimo (un 0’5 por ciento de las casi 22.000 boticas españolas), si conviene preguntarse: ¿Hay mayor tendencia al fraude en este sector? ¿Podría estar propiciado por la delicada situación económica de las boticas? O, simplemente, ¿este boom de casos conocidos es consecuencia del también aumento de las inspecciones?
Jesús Gálvez, comandante jefe del Grupo de Investigación de la Unidad Central Operativa que dirigió la ‘Operación Caduceo’, confirma que “sí hemos constatado un aumento en este sector”, además de recordar que estas prácticas llevan implícitos numerosos delitos, como “falsedad documental, blanqueo de dinero, contra la salud pública...”.
¿Posibles motivos? Los que se decantan por los económicos, tendrían en la ‘Operación Pharmakón’ su mejor exponente. Todas las boticas implicadas en ella son rurales, el tipo de establecimientos más acuciados por la caída libre de la rentabilidad. “La situación económica podría ser un condicionante para optar por esta ‘vía fácil’, aunque siempre reprobable. No obstante, el condicionante económico nunca es el único, y han de conjugarse otros factores como la ambición”, opina Javier Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar). Para Ramón Jordán, presidente del COF de Zaragoza, aunque esta situación fuese el origen “la buena praxis debe estar por encima de todo, hasta de la ruina económica”.
Hay quien ya avisó de esta mayor tendencia actual al fraude. En un reciente informe, Asefarma denunciaba “un repunte desde 2012 de la distribución al por mayor de medicamentos desde las farmacias”. Asimismo, avisaba del mayor control e inspecciones por las administraciones de Hacienda y Sanidad.
“Disponen de los listados de medicamentos susceptibles de distribución paralela, lo cual les permite seguir su rastro hasta las boticas, entrando a formar parte estas farmacias de un programa de inspección farmacéutica”, detallan. “Ahora es sumamente sencillo cruzar datos de compras y ventas, y destapar fraudes”, también cree Jordán. Huelga decir que la profesión no se opone a los controles. “Me preocupa que estas prácticas continúen, pero me alegra que por fin se investiguen a fondo”, sentencia Guerrero.
Proyecto Fakeshare I. La Agencia Española del Medicamento (Aemps), con su directora, Belén Crespo, a la cabeza, ejerció como anfitriona de un encuentro celebrado el 6 de octubre en Madrid en el que participaron entidades nacionales y europeas implicadas en la lucha contra la venta ilegal de medicamentos por Internet (Agencia Tributaria, Interpol...). Esta reunión se enmarca dentro del proyecto Fakeshare I, que persigue una mayor coordinación contra este fraude.
