Los farmacéuticos madrileños no están muy satisfechos con la deducción del 10 por ciento en la facturación a residencias que se va a realizar con carácter retroactivo desde enero del 2014 y que la Comunidad de Madrid empieza a aplicar (en base a la adenda al concierto 2011-2014) desde la facturación de septiembre 2014 a las farmacias que sirven a residencias públicas o privadas. Esta deducción, de la que informó el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid a las oficinas de farmacia a través de una circular el pasado 30 de septiembre, implica, según los farmacéuticos, “una pérdida económica muy importante que repercutirá en las horas de trabajo ya empleadas, que son muchas, en el personal, que tendremos que reducir, y en el problema de suministro que se va a crear respecto a estas residencias, ya que no compensa lo que se queda la Comunidad de Madrid con nuestro trabajo”, precisaron a EG varios farmacéuticos madrileños.
En este sentido, cabe destacar que en esta reducción del 10 por ciento se incluyen dietoterápicos y pañales, “productos en los que no tenemos margen de beneficio, es decir, nos costara dinero servirlos y los que ya están servidos desde enero también”, señalan. Sobre este particular, desde el colegio se informó a los farmacéuticos que trabajan para que este servicio farmacéutico se mantenga en la Comunidad de Madrid, aunque recuerdan que “en estos momentos, el suministro a residencias públicas o privadas por parte de una determinada oficina de farmacia es un acto voluntario que el farmacéutico tiene que valorar en función de sus circunstancias”.
Más del 50 por ciento
Además de esta reducción del 10 por ciento, el colegio informó a los farmacéuticos madrileños de que el porcentaje se aplicará a las oficinas de farmacia que facturen más de 50 recetas oficiales a pacientes institucionalizados al mes y se acumulará a las deducciones que se realizan por aplicación de los RDL 4 y 8/2010. Es decir, que no es excluyente.
Cabe destacar que, tal y como señaló a los farmacéuticos la institución que preside Luis González, esta adenda “fue negociada por el colegio in extremis para evitar la constitución de una central de compras pública, como ha sucedido en muchas comunidades autónomas”.
