El compromiso del Gobierno de compensar los gastos en Farmacia ocasionados por pacientes desplazados de comunidades autónomas se concretará en las próximas semanas. El Ministerio de Sanidad ya tiene establecido un pago de 46 millones de euros para compensar, “por primera vez en la historia”, el gasto farmacéutico por recetas prescritas en una región y dispensadas en otra (fase 1 del FOGA en Farmacia). Así lo confirmó la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, a la que acudió para explicar los presupuestos de su departamento.
Según Farjas, la compensación por la asistencia sanitaria a europeos y pacientes remitidos desde los servicios de salud regulados a través del Fondo de Cohesión ha permitido alcanzar saldos en la liquidación que harán posible la primera fase en Farmacia del FOGA. Además, añadió que se está recabando la información para que en 2015 se pueda aplicar la compensación de la atención primaria y del resto de procesos de asistencia especializada, no incluidos actualmente, contabilizados desde julio de 2012, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, que establece la creación del Fondo de Garantía Asistencial).
La secretaria general respondió así a las críticas de los grupos de la oposición. Después de años criticando el cada vez menor presupuesto del Fondo de Cohesión, ni PSOE ni la Izquierda Plural confían en que el FOGA vaya a ser suficiente para garantizar políticas de equidad en materia sanitaria.
Separados por el gasto
El último proyecto de presupuestos del Ministerio de Sanidad de la legislatura no se ha librado de la polémica de los recortes. Aunque para los responsables del Departamento son los presupuestos de “la consolidación de la recuperación”, para la oposición se trata de “la consolidación de los recortes”. En este sentido, el portavoz de Sanidad de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, alertó sobre la posibilidad de nuevos ajustes, al recordar el compromiso establecido en el Plan Nacional de Reformas de “bajar el gasto sanitario, que hoy está en los 65.000 millones de euros, a 59.000”.
En materia farmacéutica, las críticas de la oposición se centraron en la reducción del presupuesto de la Aemps, que pasa de 47,5 a 47,1 millones de euros. Llamazares cuestionó que vayan a servir “poner en marcha los precios de referencia”, y la diputada socialista María Guadalupe Martín preguntó a Farjas “a quién le van a dar el hachazo”, si a los medicamentos huérfanos, a los tratamientos innovadores o a los pacientes, en forma de nuevos copagos.
Ambos diputados cuestionaron además los ahorros en Farmacia que la secretaria general volvió a poner sobre la mesa. “El gasto farmacéutico real no ha disminuido precisamente. Ese supuesto ahorro en farmacia lo están pagando los pensionistas”, señaló la responsable socialista. Llamazares, por su parte, apuntó que los datos del ministerio no tienen en cuenta adecuadamente los índices de comparación. “En el primer año ahorramos y en el segundo año no; en Atención Primaria ahorramos, pero en hospitalaria no, porque tenemos desbocado el gasto farmacéutico hospitalario”, afirmó.
Farjas desmintió ambas versiones. “Hemos cambiado estructuralmente el gasto farmacéutico. Lo bajamos en julio de 2012 y se ha mantenido estable en una reducción media del 12 al 18 por ciento respecto a la del 2011. Esta es una realidad”, dijo. Además, en respuesta al PSOE, aseguró que la factura no ha seguido bajando porque las medidas adoptadas en el seno de la Comisión Interministerial de Precios. “Hemos podido incorporar 72 medicamentos innovadores, con una estimación de presupuesto sin incremento del gasto total, porque a la par hemos ido revisando los precios de medicamentos que ustedes autorizaron y que eran más caros que en otros países de la UE”, dijo.
Sofosbuvir
En este sentido, la secretaria general puso como ejemplo el caso de sofosbuvir. “Salvo Bélgica, Luxemburgo y Suiza, que no es de la UE, España es el primer país importante en tamaño de la Unión”, según Farjas, que ha llegado a un acuerdo de techo máximo de gasto, con el compromiso de revisión permanente del precio, lo que en su opinión “garantiza que todos los pacientes recogidos en el informe de posicionamiento terapéutico elaborado por las comunidades y los profesionales van a tener la medicación siempre que sea el tratamiento indicado por el médico”.
