Las negociaciones para el nuevo acuerdo marco valenciano de prestaciones farmacéuticas que llevan a cabo desde hace un par de meses la consejería de Sanidad de Comunidad Valenciana con sus colegios farmacéuticos no avanzan como sería recomendable. Directamente, en palabras de Sergio Marco, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, “están enquistadas”. ¿El motivo? “Los representantes de la consejería que forman parte de las distintas comisiones negociadoras quieren que todos los acuerdos partan de lo que estipula el Decreto-ley 2/2013 regional, un decreto cuyo contenido nunca nos ha gustado y que no tuvimos la posibilidad de negociar ni recurrir en el pasado”, expone a EG el presidente de los farmacéuticos castellonenses.
Puesto que el tiempo apremia —el objetivo inicial de ambas partes era la definición del acuerdo marco antes de final de año para su entrada en vigor con el inicio de 2015—, los colegios farmacéuticos valencianos van a pedir la entrada en escena del consejero de Sanidad regional, Manuel Llombart, para rescatar las negociaciones de este ‘punto muerto’ en el que se encuentran. Para ello se ha pedido una “reunión urgente” de los presidentes colegiales de Valencia, Alicante y Castellón con el máximo representante de la sanidad valenciana en la que poder transmitirle el “enrocamiento” que sufre la elaboración del nuevo texto que debe regir las relaciones de la Administración con sus boticas en próximos años.
El problema que denuncian los colegios es que “no se puede utilizar como documento de referencia una normativa con la que no estuvimos de acuerdo en el pasado y de la que ni participamos en su elaboración ni pudimos recurrirla”, manifiesta Marco. Cabe recordar que, debido a los visos de inconstitucionalidad que presentaba su redacción original, se constituyó una comisión bilateral entre Ministerio de Hacienda y Generalitat que renegoció varios puntos del mismo y que, provocó, por ejemplo, que se eliminase la posibilidad de que otras entidades ajenas a los COF (como las patronales farmacéuticas o la concertación individual con cada botica) pudiesen llegar a acuerdos paralelos con la Administración para la facturación y abono de recetas.
Incluso, la farmacia valenciana siempre se ha mostrado contraria a que este decreto ley reflejase que, en adelante, las relaciones entre Consejería de Sanidad y farmacias quedasen recogidos en un acuerdo marco (el mismo que ahora se negocia) y no bajo la denominación de concierto (como en el resto de regiones) lo que ‘facilita’ legalmente una hipotética ruptura futura de los consensos alcanzados.
No obstante, “el Decreto-ley 2/2013 sigue conteniendo muchos otros puntos perjudiciales para los intereses de la farmacia que no fueron abordados por la comisión bilateral Ministerio-Generalitat y que no pueden ponerse como criterio a seguir en las nuevas negociaciones”, reitera el presidente del COF de Castellón. Por tanto, “primero hay que resolver los problemas que genera el decreto ley y, luego, centrarnos en el acuerdo marco”, considera.
A priori, debía ser la Comisión de Facturación la que más confrontaciones suscitaría, por la importancia del asunto y las distantes propuestas de mecanismos para la presentación y abono de recetas que hasta ahora se ha presentado desde ambos lados de la mesa, pero el paso de las semanas ha confirmando que los otros grupos de trabajo constituidos (en áreas como Formulación Magistral, Atención Farmacéutica o Soporte Tecnológico), tampoco están pudiendo llevar a buen puerto las negociaciones.
