A principios de noviembre el Boletín Oficial del Estado recogía la incorporación en la cartera básica de servicios del cribado de cáncer colorrectal, junto al de mama y cérvix. A poco más de un mes para que finalice el plazo recogido por la Estrategia en Cáncer del Ministerio de Sanidad para que las comunidades autónomas cumplan con el objetivo de incluir en estos programas al 50 por ciento de la población de riesgo, entre 50 y 69 años, apenas cinco comunidades autónomas lo cumplen.
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha analizado la situación de los programas de cribado en cáncer de colon en nuestro país. Según sus datos, la cobertura en España ronda el 20 por ciento, con una gran disparidad entre comunidades autónomas. La situación de inequidad, tan denunciada en el acceso a los fármacos oncológicos, también se da en el terreno de la detección precoz.
Ignacio Muñoz, consejero de la Junta Nacional de la AECC, insiste en que la situación va muy por detrás de los compromisos del Sistema Nacional de Salud. “El reparto del progreso no es equitativo, y callar esto sería traicionar a la población”, subraya el portavoz, que denuncia grandes diferencias que explican por grado de implantación previo de estos programas.
La mayor cobertura es la dePaís Vasco, con un 97,9 de la población de riesgo incluida en programas de cribado, o Cantabria, con más de un 89. Además, Comunidad Valenciana, La Rioja o Navarra también alcanzan el objetivo. Al otro lado de la balanza está Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, sin compromiso de implantarlos, y Andalucía, con proyecto piloto a la vista, y Comunidad de Madrid, cuyo proyecto técnico se presentará en las próximas semanas.
El programa de cribado contempla la realización de test de sangre oculta en heces a la población de riesgo con carácter bianual. Una prueba sencilla y coste efectiva, subraya el portavoz, con un coste aproximado de dos euros. Alrededor del seis por ciento darán positivo, con la indicación de una colonoscopia que puede costar alrededor de 180 euros a la sanidad pública, cantidades muy por detrás de los 27.000 euros del tratamiento de la enfermedad avanzada.