De la mayoría absoluta más contundente a su peor resultado en estimación de voto. Este es el recorrido que el Gobierno de Mariano Rajoy ha llevado a cabo en tres años, contando desde el 20 de noviembre de 2011. El Ejecutivo tiene un año para dar la vuelta a las encuestas y reflotar la confianza perdida por una gestión que se ha visto incapaz de hacer frente a los números. Sanidad no es una excepción, como demuestra el hecho de que esta asignatura haya marcado un récord como preocupación ciudadana en las encuestas del CIS en diciembre de 2012, ejercicio en el que se aprobó la reforma sanitaria.
Tras esa negativa valoración ciudadana que situó la Sanidad como cuarto problema del país (ahora está en quinta posición) se esconde el fracaso del equipo de Ana Mato de trasladar como eficiencia los ahorros obtenidos, por ejemplo, gracias a la reforma farmacéutica. A tenor de las encuestas y de los debates en el Parlamento, siguen siendo ajustes. La persona que suceda a Mato en el Ministerio de Sanidad tiene mucho trabajo por delante para volver a ganarse el voto de confianza de la población en este aspecto, y una manera de hacerlo podría ser ampliando los prometidos tramos de copago por renta.
Problemas financieros
Para ver otras áreas donde avanzar en los doce meses que faltan hasta las próximas elecciones generales es necesario echar, primero, la vista atrás. Durante la pasada legislatura, el PP hizo de la financiación sanitaria su bandera como grupo de oposición. Tres años después, la imposibilidad de poner más dinero sobre la mesa de las comunidades autónomas ha diluido la promesa (obligatoria, por otra parte) de aprobar un nuevo modelo de financiación. Hoy, comunidades autónomas como la valenciana siguen poniendo en tela de juicio la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pese a los mecanismos de liquidez aprobados por el Gobierno.
Tanto el FLA como los planes de pago a proveedores han supuesto un gran alivio para el sector, pero no el fin de las deuda pública, que a cierre de septiembre de 2014 se elevaba a más de 3.800 millones de euros (1.330 en el caso de los proveedores de tecnología sanitaria y 2.500 en el caso de la industria farmacéutica) con preocupaciones generalizadas por los incrementos en los plazos medios de pago por parte de algunas comunidades. Tampoco la deuda con las farmacias está solucionada.
Ante la imposibilidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad, queda por ver si el Ministerio puede trabajar en estas áreas en el marco de sus acuerdos sectoriales. En este sentido, las primeras miradas están puestas en el próximo Consejo de Política Fiscal, que abordará la propuesta consensuada con la industria para vincular el crecimiento del gasto público de medicamentos a la evolución del PIB.
Otra arista de los problemas financieros de las comunidades autónomas es el del gasto de los pacientes desplazados de otras regiones. Las dificultades técnicas han retrasado hasta ahora la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial, que supuestamente se aplicará de manera progresiva a partir de 2015.
Transparencia y evaluación
Asimismo, y además de los proyectos pendientes a la espera de aprobación (Real Decreto de Precios, Ley de Colegios Profesionales, Agencia Estatal de Investigación), Mato se ha dejado en el tintero otros asuntos que se han visto desplazados como consecuencia de la crisis y que podrían recibir algún impulso en lo que queda de legislatura.
Una de las lacras que el PP señalaba en el programa electoral con el que ganó los comicios de 2011 era que la transparencia seguía siendo escasa en el SNS, en perjuicio, por ejemplo, de una libre elección informada. A fecha de hoy, y pese a los pasos dados, sigue sin ser una realidad. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticaba la semana pasada que solo Cataluña ofrezca información comparable de desempeño hospitalario, más allá del número de médicos, enfermeros, camas o nivel de ocupación. Y en este ámbito, también, podría ser una realidad en 2015 la publicación de los datos del gasto farmacéutico en Atención Especializada.
Unido a la falta de transparencia, otro gran lastre que señalaba el programa del PP era “la falta de evaluación real de la calidad del sistema”, una evaluación que el Gobierno no solo no ha llevado a cabo de manera concreta con el Real Decreto-ley 16/2012, sino tampoco para impulsar una auténtica cultura evaluadora que todos los expertos en economía de la salud ven imprescindible. En medicamentos y tecnología, Sanidad invierte en lo que aporta valor, pero sigue pendiente la tarea de desinvertir en aquello que ya no lo aporta.
