La consejería de Salud de Andalucía sigue su camino con las subastas de medicamentos en la oficina de farmacia. El pasado día 15 de diciembre el Boletín Oficial del gobierno regional (BOJA) abría un nuevo procedimiento por el cual se renovará el segundo concurso público (los convenios caducarán el próximo 31 de marzo) así como entrarán a licitación pública todos aquellos medicamentos que no han sido adjudicados en subastas anteriores. Así, concurren un total de 243 principios activos para alcanzar el ahorro de 200 millones de euros anuales que persigue la Junta desde que en 2012 comenzara con esta política farmacéutica. Según recogió el BOJA, las compañías que quieran participar en el proceso podrán presentar sus propuestas hasta el próximo día 19 de enero de 2015.
Las reacciones de la industria farmacéutica no se han hecho esperar ante esta publicación oficial y tanto Aeseg como Farmaindustria anunciaron horas después de conocerse que volverán a recurrir ante el juzgado contencioso-administrativo la nueva subasta. Los procedentes no son halagüeños para este tipo de recursos ya que han quedado siempre en papel mojado, por lo que a buen seguro habrá que esperar a la resolución del Tribunal Constitucional sobre la supuesta invasión de competencia que alega el Gobierno Central. Más allá de consideraciones legales, la industria sigue considerando que las subastas de medicamentos “son lesivas para la libre competencia, favorecen a compañías que, en gran parte, no contribuyen al Producto Interior Bruto (PIB) de España y no consiguen los ahorros deseados por la Junta de Andalucía”.
La cuestión del ahorro ha sido uno de los talones de Aquiles de esta medida farmacéutica. El objetivo de los 200 millones que anuncia el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con cada una de las convocatorias que realiza jamás se ha materializado. A principios de diciembre, la propia Junta de Andalucía reconocía en un comunicado que las subastas habían aportado unos 89,9 millones de euros, menos del 50 por ciento de las previsiones. El otro hándicap han sido los desabastecimientos. Según los datos publicados por el Colegio de Farmacéuticos de Jaén, a día 16 de diciembre, hasta 45 medicamentos adjudicados se encuentran en situación de desabastecimiento, en su mayoría de compañías como Aurobindo o Ranbaxy.
Para este nuevo concurso falta por ver qué laboratorios concurrirán y con qué intensidad. La segunda subasta fue la más exitosa desde el punto de vista de las adjudicaciones (73 principios activos frente a los 37 adjudicados en el quinto concurso) y el hecho de que haya que renovarla puede dibujar dos escenarios distintos. Si las compañías que suelen participar mantienen la oferta de mejora de los últimos concursos (más bajas que en los dos primeros), los ahorros quedarán mermados para el ejercicio 2015. Si por el contrario, la renovación de la segunda subasta obtiene mejoras similares a las ofertadas hace casi dos años y, además, se consigue atraer a los laboratorios a las moléculas que no terminan de encontrar adjudicatario, la medida obtendría un espaldarazo.
Sánchez confía en el Constitucional
La consejera de Salud andaluza, María José Sánchez, aseguró durante la Comisión Parlamentaria que la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso interpuesto en 2008 por el PP contra la Ley de Farmacia de Andalucía “avala y respalda las políticas andaluzas” en este ámbito. Si bien es cierto que la resolución judicial no hacía referencia a las subastas de medicamentos, para Sánchez la relación es obvia y confía que el recurso sobre esta materia sobre el que el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse se rechace en la misma línea.
Asimismo, recordó que recientemente la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía emitió un informe favorable en el que manifestaba que esta medida no perjudica la unidad del mercado y pone en valor el interés general que persigue el procedimiento. Además, explicó que estas conclusiones coinciden con las alcanzadas por la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente de la secretaría de Estado de Economía, cuando emitió un informe favorable sobre el procedimiento, así como con el último informe de la Organización Médica Colegial (OMC).
Además de estas consideraciones, la consejera de Salud ya había mostrado con anterioridad su seguridad sobre un fallo a favor del Tribunal Constitucional. “Tal y como lo hacemos no invade competencias, aunque se sacó una modificación legislativa ad hoc para quitar competencias en ese ámbito a las comunidades”, aseguró recientemente en una entrevista con EG. Sin embargo, la modificación a la que se refirió la consejera, la Ley 10/2013 de 25 de julio, es precisamente el argumento bajo el que se sostienen las esperanzas tanto del Gobierno central como las de las patronales de genéricos e innovadora.
Se han cumplido seis meses desde que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía, tras los numerosos recursos recibidos por la industria, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, decidió suspender cautelarmente el concurso de Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs). En estos 180 días aproximadamente no se ha producido decisión alguna por parte del tribunal a pesar de que la Ley de Contratos Públicos especifica que estos procedimientos tienen un tiempo máximo de decisión de 40 días. Este hecho es definido por juristas especialistas en contratación pública como “insólito”. La cuestión llama aún más la atención a estos expertos cuando se trata de los segundos pliegos presentados por la Junta de Andalucía, circunstancia que debería allanar el camino al TARC andaluz al haber desarrollado ya en qué términos serían legales desde el punto de vista de la Ley de Contratos Públicos.
Desde la Junta de Andalucía se espera que el TARC dé luz verde a sus nuevos pliegos porque en la anterior decisión judicial sólo se observaron errores técnicos, sin que la idea de Alternativa Terapéutica Equivalente fuese desechada, circunstancia que habría sido solventada en esta ocasión, según han asegurado desde el ejecutivo regional. En cualquier caso, el siguiente paso para los demandantes será recurrir a vía contencioso-administrativa y, donde se podrá entrar a valorar el fondo de la cuestión más allá de consideraciones relativas a la contratación pública.
