Antes de que estallara la crisis financiera existía en Europa la convicción de que era necesario realizar cambios estructurales en los sistemas sanitarios de los estados miembro. El estallido de la crisis añadió un componente de urgencia a estas reformas, que inicialmente estaban llamadas a ofrecer mejores servicios a un menor precio. El resultado muestra hoy una distorsión de esa ecuación. Su segunda parte se ha cumplido a la perfección, pero no así la primera, según denuncia el Europarlamento en un informe sobre el impacto de las medidas de austeridad en siete estados miembro, entre ellos España. Arrastrados por la necesidad, las reformas llevadas a cabo por este grupo de países están muy alejadas de lo que deberían: en lugar de ser decisiones dirigidas a eliminar el gasto ineficiente, han sido recortes horizontales, implantados sin una evaluación previa y aplicados sin una monitorización posterior que evalúe su impacto en la población.
Junto a España, han sido analizadas las medidas implantadas en los sistemas sanitarios de Bélgica, Chipre, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal. De todos ellos, solo el Gobierno belga introdujo medidas destinadas a aliviar las dificultades para la población sin llevar a cabo intervenciones de eliminación de servicios. En el resto, la fórmula empleada ha sido la misma, en mayor o menor grado: reformas de los sistemas de salud (masivas en el caso de los países rescatados), restricciones de acceso a la asistencia, aumento de la participación de los usuarios (fundamentalmente en la prestación farmacéutica), congelaciones de salarios, reducciones de personal, reformas administrativas... “Con recortes significativos en la asistencia sanitaria, es fácil encontrar una correlación entre la crisis, las medidas implementadas para hacerle frente y los posibles impactos de tales medidas en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, concluye el Europarlamento.
La primera recomendación que el informe lanza a los estados es que aseguren el respeto de dichos derechos en tiempos de austeridad. “El derecho a la asistencia sanitaria necesita ser asegurado a la vista del compromiso hacia la cobertura universal de la sanidad”, añaden los autores, que tras la investigación llevada a cabo han constatado que los recortes de gasto introducidos durante la crisis apenas se han destinado específicamente a eliminar un uso ineficiente de los recursos públicos. En su lugar, muchos de ellos fueron “recortes indiscriminados” sobre determinadas áreas con el único objetivo de ahorrar.
La idea del Europarlamento de que “los recortes no deberían ser horizontales”, sino basados en una evaluación previa detallada en términos de efectividad, eficiencia, relevancia y valor añadido, y que deberían ser sometidos a consulta pública antes de su aplicación y a exámenes de impacto a posterior, se ha visto respaldada en algunos casos. Los autores recuerdan por ejemplo cómo algunas de las reformas “impuestas por la Troika” han sido examinadas y posteriormente abolidas” por tribunales nacionales, como en Portugal.
Universalidad y copago
En lo que toca a España, la decisión del gobierno que preside Mariano Rajoy de devolver la asistencia primaria a los inmigrantes sin papeles da la razón al Europarlamento, si bien los motivos de esta decisión son muy distintos de los esgrimidos en el informe. La marcha atrás del Ejecutivo no tiene nada que ver con los impactos en la población o con los derechos fundamentales, y de hecho nadie considera que su exclusión de la asistencia desde 2012 haya sido una decisión equivocada. Existe la certeza de que está justificado que puedan volver a ser atendidos en los consultorios por razones de “utilidad”, con el objetivo de evitar la saturación de las urgencias hospitalarias.
Lo ocurrido contrasta notablemente con el que sigue siendo el ámbito que el gobierno del PP sigue sin dar muestras de querer tocar: el del copago. Además de la cobertura universal, el informe de la Eurocámara enfatiza que “los sistemas de copago deberían tener en cuenta los ingresos de cada paciente, sin importar su estatus legal o su residencia”. Entre sus conclusiones destaca también que los copagos, tanto de servicios como de medicamentos, “han demostrado afectar a la disponibilidad y accesibilidad a la asistencia sanitaria”.
Que el copago está suponiendo una barrera en el acceso a determinados colectivos es un discurso muy repetido por la oposición que aún no ha calado en las administraciones sanitarias. Nadie, ni desde el ministerio ni desde las consejerías de Sanidad, ha llevado a cabo un informe que determine con exactitud su impacto en la población, como recomienda la Eurocámara. Pero tampoco en ninguno de los otros estados analizados hay constancia de un informe similar, a pesar de que la presión ejercida sobre el mercado farmacéutico ha sido tan grande que no solo ha llevado a bajar el gasto (algo que según el Europarlamento era más que necesario en algún caso, además de previsible) sino que también ha provocado desabastecimientos y cierres de oficinas de farmacias.
Precisamente por ello, la última de las recomendaciones del informe va dirigida a las instituciones comunitarias. Aunque la asistencia sanitaria es competencia de los estados, la UE —señala— aún tiene un papel importante que jugar a la hora, no solo de animar a los estados a hacer más accesibles los mecanismos de protección social en tiempos de crisis, sino a la hora de monitorizar que las medidas aplicadas no causan impactos negativos sobre los derechos fundamentales de las personas.
59
“Los estados básicamente han transferido las cargas de los presupuestos públicos a los ciudadanos”. Irlanda ilustra claramente una tónica que, según el informe del Europarlamento, ha sido general en todos los estados analizados: en 2008, la financiación de los fármacos a cargo de los usuarios irlandeses fue de 85 euros por mes, cifra que subió hasta los 144 euros (59 más) en 2013. En el mismo lapso de tiempo, el estado había pasado de pagar 311 a 127 millones de euros.
22%
Era previsible que el gasto farmacéutico cayera tras la aplicación de medidas de austeridad en los países miembro. En algún caso esto ha generado mayores dosis de eficiencia, pero no siempre. “También ha habido impactos negativos”, según el Europarlamento, que pone como ejemplo a Portugal, donde hasta un 22 por ciento de las oficinas de farmacia llegaron a denunciar un desabastecimiento de insulinas tras las intervenciones en el mercado farmacéutico.
