La mayoría de acuerdos encaminados a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud están basados en la búsqueda del ahorro como objetivo primordial. Sin embargo, desde algunas direcciones de farmacia autonómicas se propone un cambio de paradigma que asegure la viabilidad a largo plazo, más allá de parches momentáneos que respondan a coyunturas económicas. Una de las grandes diferencias entre ambos modelos son los acuerdos entre la administración y la industria, donde desde Madrid y Cataluña apuestan por el modelo de riesgo compartido. “Estos acuerdos tienen la ventaja de que ponen la lupa en el resultado. Yo quiero pagar por lo que funciona y en este tipo de acuerdos tiene implicados tanto a la industria como a la administración; además nos permite gestionar la incertidumbre, tanto de coste como de resultado y como consecuencia le das una oportunidad al acceso”, asegura Antoni Gilabert, director de Gerencia de Farmacia y Medicamento del CatSalut.
Poner el foco en los resultados facilitará el buen uso del sistema a largo plazo pero para ello es fundamental, según Encarnación Cruz, subdirectora general de Farmacia del Servicio Madrileño de Salud, el trabajo constante y codo con codo con el clínico. “De nada nos sirve conseguir buenos precios de compra o un procedimiento muy eficiente si luego vamos a mirar la carga viral sostenida de un paciente con VIH y no somos capaces de mantenerla óptima en más del 50 por ciento de los pacientes”, explicó. Esta el la principal razón por la que ambas comunidades autónomas creen que un buen precio de compra no garantiza por sí solo la sostenibilidad del sistema. “La pregunta no es qué tenemos que hacer para ahorrar si no qué hacer para tener un sistema sostenible. Se trata de cambios estructurales para que esto pueda continuar. Es evidente que simplemente con descuentos esto se colapsa”, aseguró Gilabert.
Ambos abogan por un cambio en las relaciones que mantiene la administración con la industria. Una de las innovaciones que proponen en este ámbito es que en vez de tener una relación cliente-proveedor se trate de un acuerdo que comparta la incertidumbre que acarrea un nuevo medicamento. “A la larga, no será cuánto ahorramos, sino cuánto hemos gastado bien”, añade Gilabert.
De hecho, en términos de ahorros puros estos acuerdos no aportan grandes cifras, circunstancia que se defiende bajo ese cambio de modelo con vistas a largo plazo. “En términos cuantitativos no va a dar resultados de un día para otro; se trata de cambiar el modelo. No se trata de ahorrar si no de gastar bien. De forma indirecta genera una búsqueda de la sostenibilidad porque reducimos todo el riesgo. No pagaremos por lo que no funciona, pero si funciona sí lo daremos”, sentencia Gilabert.
Ambas comunidades coinciden en que los acuerdos de riesgo compartido no pueden aplicarse a cualquier tipo de fármaco innovador. “La experiencia internacional ayuda a delimitar qué fármacos o indicaciones son las más apropiadas para adoptar estos acuerdos”, asegura Gilabert. Mirar al extranjero también permite saber ciertos problemas que puede plantear este modelo. En Reino Unido se plantean que los costes administrativos de la aplicación de los acuerdos de riesgo compartido son muy altos y, por lo tanto, es necesario buscar la fórmula más eficiente.
