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Aragón y Asturias no contemplan acunar la medida estrella de los socialistas andaluces

Castilla - La Mancha y Extremadura son las más proclives a implantar el modelo.

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J. R-T Madrid | viernes, 29 de mayo de 2015 h |

El tumor ha hecho metástasis y se extiende por otros órganos vitales para las facturaciones anuales de las compañías. La mayoría de farmacéuticas de medicamentos genéricos son presa de esta pesadilla cada noche desde el pasado domingo. Las subastas de medicamentos, diseñadas y desarrolladas por el bastión socialista de Andalucía, han encontrado nuevas administraciones para implantarse y su puesta a punto es cuestión de tiempo. Se trata de las vecinas Extremadura y Castilla La Mancha y, muy probablemente, la Comunidad Valenciana, a tenor de lo anunciado y publicado en los programas de los líderes socialistas de cada una de estas autonomías.

El contagio no será de la noche a la mañana porque los futuros regidores de los nuevos gobiernos autonómicos son conscientes de las deficiencias que han acarreado las subastas durante sus tres años de vida. El secretario de Sanidad del PSOE de Extremadura, José María Vergeles, afirmó que el modelo andaluz se implantaría “sin ninguna duda” en su comunidad si alcanzaban el gobierno, aunque subrayó un pero. “Habrá que ver cómo mejorarlo para evitar desabastecimientos”, dijo. Una idea que fue posteriormente respaldada por Podemos, su más que probable socio durante los próximos cuatro años.

La política sanitaria en Castilla - La Mancha es una ‘alternativa equivalente’ a la de Extremadura. Dentro de su programa para las elecciones autonómicas del pasado domingo se incluye un epígrafe bajo el que se enumeran diferentes medidas para la equidad y accesibilidad del sistema sanitario. El escueto punto 405 deja poco margen a posibles especulaciones. “Estableceremos medidas del control de gasto priorizando la prescripción por principio activo, el uso de genéricos y las subastas de medicamentos”, reza el contrato con los ciudadanos.

Más allá del tercio sur de la península, la idea de la subasta andaluza no está arraigada en los programas electorales. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana sí existen los primeros peldaños para terminar aplicando el modelo. Tanto en los programas electorales del PSOE como de Compromís, los dos principales socios del tripartito (junto a Podemos) que podrían arrebatar el Gobierno a Albert Fabra, sí contemplan vestigios que podrían derivar en una subasta. Se trata de líneas vagas que inciden en desarrollar medidas que reduzcan el gasto farmacéutico, pero en el caso del PSOE podrían verse reforzadas por la opinión de la secretaria general de Sanidad del partido: la consejera de Salud de Andalucía, María José Sánchez Rubio.

Durante los últimos cuatro años, los consejeros de Salud de estas comunidades autónomas se mostraron contrarios y beligerantes ante las subastas de medicamentos en Andalucía. “Son un elemento irresponsable y tanto Castilla la Mancha como Extremadura somos comunidades responsables en el abordaje de la compra de medicamentos”, aseguraron José Ignacio Echániz y Luis Alfonso Hernández. “Aquí no van a imperar los criterios economicistas, como ocurre en Andalucía con las subastas”, suscribía Manuel Llombart. Sin embargo, el vuelco electoral de las urnas, apoyado en coaliciones de izquierdas, sumergirá estas declaraciones y hará que imperen las ya expresadas desde la Junta de Andalucía. “Se ahorrará sin mermar la calidad asistencial del sistema de salud”.

La porción del pastel aumenta

En 2014 el mercado farmacéutico andaluz susceptible de ser subastado supuso algo más de 1.638 millones de euros, en torno al 20 por ciento del gasto a nivel nacional. Si las previsiones programáticas de los futuros gobiernos de Extremadura y Castilla - La Mancha se cumplen, la cifra alcanzaría los 2.400 millones de euros, es decir, casi el 27 por ciento de la factura nacional.

Las compañías de genéricos (y las farmacias, que ya no podrían negociar directamente con el proveedor) tendrían que renunciar a casi un tercio del mercado de seguir en su política de no concurrir a estos concursos públicos de medicamentos. Una circunstancia que podría aumentar considerablemente (en 1.104 millones de euros) si la Comunidad Valenciana terminara de adoptar un modelo que, a priori, no aparece en los programas del PSOE y Compromís.

El crecimiento de la porción económica es directamente proporcional al de medicamentos suministrados. Si las big generics no concurren, ¿podrán las actuales compañías que abastecen Andalucía aumentar su producción?

Las elecciones del pasado 24 de mayo trajeron más posibles cambios en el mapa autonómico. Aragón podría correr una suerte similar a la de la Comunidad Valenciana y estar gobernada por un tripartito de izquierdas liderado por el PSOE. Sin embargo, este cambio de gobierno no tendría efectos en cuanto a subastas se refiere, al menos en principio. El programa electoral de los socialistas aragoneses se muestra ambiguo en relación a las medidas que piensan adoptar para controlar el gasto farmacéutico.

Por otro lado, el PSOE revalidó su mayoría simple en Asturias y tendrá que pactar con Podemos para formar gobierno. A expensas de las negociaciones previas para la investidura, lo cierto es que ambos programas coinciden en varias líneas respecto a la sanidad. Sin embargo, en ninguno de los dos textos se recoge mención alguna a las subastas de medicamentos, si bien sí que aseguran desarrollar medidas para controlar el gasto público que pasen por la promoción del genérico.

En ambos casos, queda por saber si la política de la secretaria de Sanidad del PSOE y todavía consejera de Sanidad andaluza, María José Sánchez, será acogida en el futuro por estas comunidades. Quizá la estrategia de estas regiones sea esperar a la implantación y desarrollo de las subastas en Extremadura y Castilla- La Mancha para comprobar si el modelo podría ser más sostenible que el conocido hasta ahora por la experiencia acumulada en Andalucía.