Sin previo aviso y sin atisbo de consenso. La secretaria de Sanidad del PSOE, María José Sánchez, anunció la semana pasada que el nuevo embrión legislativo en materia sanitaria y farmacéutica que se está gestando en Andalucía (la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público) será el modelo a seguir para todas aquellas comunidades donde su partido tenga alguna responsabilidad de gobierno. Sus palabras llegaron con los pactos autonómicos aún por concretarse y cogiendo a pie cambiado a muchos dirigentes socialistas que están inmersos en negociaciones con otras formaciones políticas. “Esta ley se desarrollará en las comunidades donde gobiernen los socialistas porque es fruto del compromiso del PSOE con los pilares del Estado del Bienestar, con un sistema público de salud que ha sido bandera de los gobiernos socialistas y que goza de un enorme respaldo por la ciudadanía”, aseguró Sánchez.
Dentro de las líneas maestras que se han podido conocer del anteproyecto andaluz se encuentran dos medidas farmacéuticas que se han encontrado con la oposición frontal del sector, los pacientes y algunos grupos políticos: las subastas de medicamentos y las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs). Más allá de las decisiones judiciales que aún están por conocerse sobre estas medidas, los grupos políticos que conforman el Parlamento de Andalucía, a excepción de Izquierda Unida, no ven con buenos ojos estas medidas. Isabel Albás, diputada por Ciudadanos, aseguró a EG que “con las subastas no estamos de acuerdo y plantearemos nuestra enmienda cuando llegue el debate parlamentario”. Podemos mantiene una posición más tibia y ha asegurado a este periódico que están a expensas de nuevas reuniones con los pacientes y otros agentes del sector para formular una postura más firme.
Para que la ley vea la luz el PSOE necesita el apoyo de uno de los dos partidos que, además, ven otros defectos al anteproyecto presentado por el consejero de Salud, Aquilino Alonso. Uno de ellos es la ausencia de una memoria económica que acompañe y respalde las medidas que se piensan acometer para preservar el carácter público de la sanidad, que no se han detallado y solo se dispone del ejemplo del copago mediante receta electrónica que ha evitado que los jubilados tengan que adelantar la parte proporcional del coste de los medicamentos. “Una ley de sostenibilidad que no plantee un plan claro de financiación no tiene visos de ser efectiva”, aseguró Juan Antonio Gil, portavoz de Sanidad de Podemos en el Parlamento de Andalucía.
La única referencia económica que expresó Alonso durante su comparecencia para informar del anteproyecto de ley fue el objetivo de su gobierno de que a final de legislatura Andalucía dedique a salud el 6,5 por ciento de su PIB a Sanidad, es decir, un 0,3 por ciento más que en la actualidad. Esta meta no alcanza las exigencias de Ciudadanos, que pidieron un crecimiento de, al menos, una décima anual, ni tampoco a las de Podemos. “La financiación del sistema sanitario no debe seguir expresándose ligada al PIB, sino que debemos saber cuánto nos gastamos por habitante. Nosotros planteamos un aumento hasta 1.250 euros por habitante hasta finales de legislatura, suponiendo eso un incremento de 847 millones de euros anuales”, aseveró.
Esta lejanía de posiciones avecina un recorrido legislativo que desarrolle un texto diferente al actual anteproyecto, por lo que las palabras de la secretaria de Sanidad del PSOE parecen muy ambiciosas en este momento. Además, el hecho de que las previsiones para aprobar la ley si sitúen en el primer trimestre de 2016 puede interferir en los acuerdos que vaya alcanzando el PSOE en otros territorios para formar gobierno.
Sin embargo, existen diferencias plausibles entre el sentir de los dirigentes socialistas según la comunidad autónoma donde se ponga la lupa. En Extremadura, a expensas de hacer oficial el acuerdo entre el PSOE y Podemos, la predisposición por esta ley, sobre todo es su versión más polémica de las subastas, es buena. Así lo hicieron saber tanto el secretario de Sanidad socialista, José María Vergeles, quien afirmó que el modelo andaluz se implantaría “sin ninguna duda” en su comunidad si alcanzaban el gobierno, como Podemos, su más que probable socio durante los próximos cuatro años. Una situación similar se vive en Castilla- La Mancha, donde el programa socialista recogía explícitamente, desarrollar subastas de medicamentos.
La predisposición en estas dos comunidades autónomas se contrapone a la visión de política farmacéutica en otros territorios. En Asturias, donde el ejecutivo socialista repite gobierno, las subastas nunca se vieron con buenos ojos y prueba de ellos es que durante los últimos cuatro años siempre se mostraron contrarios a su aplicación. En Baleares, Podemos, socio de gobierno, destacaba en su programa electoral que “introducirán mecanismos que permitan primar la continuidad y adherencia de los pacientes a los tratamientos por encima de las disminuciones marginales de coste unitario buscadas por la subasta de medicamentos”.
Cantabria tampoco comulga por las subastas, ya sean en hospitales u oficinas de farmacia. El Partido Regionalista ha dejado al PSOE la cartera de Salud pero ambos programas no contemplan estas medidas de política farmacéutica. Sin embargo, otras características de la ley que apunten hacia la universalidad y una financiación finalista sí están recogidas. Situación similar es la que se encuentra en Canarias, donde corresponderá al PSOE dirigir la consejería de Sanidad pero donde tampoco hay referencia alguna a las subastas o las ATEs.
Por otro lado, la dificultad por exportar esta ley es mayor en Aragón. Los grupos parlamentarios aún siguen con las negociaciones para conformar un gobierno estable y nuevas presiones podrían dinamita lo construido hasta ahora. De hecho, al cierre de edición de este periódico, que el PSOE sea la cabeza de este gobierno está en el aire.
El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, instó al Gobierno andaluz a ponerse a trabajar para mejorar la situación de la sanidad pública andaluza e indicó que Susana Díaz tiene, con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, una oportunidad de oro para hacer frente de una vez por todas a las numerosas deficiencias existentes. En este sentido, aseguró que si existe esa voluntad el PP “estará para apoyarla” pero que si se trata de hacer una ley de bombo y platillo para hacer más populismo “el PP no estará y denunciará realidades concretas”.
Rojas explicó que a la situación de precariedad en la sanidad andaluza se le suma que la Junta sigue discriminando a los andaluces con respecto al resto de españoles con su subasta de medicamentos, llegando a causar en algunos casos problemas de abastecimiento en las farmacias. “Las subastas del Gobierno andaluz llevan a una sanidad en la que no existe variabilidad de opciones en los tratamientos ni posibilidades de elección”, añadió. Además, insistió en que la subasta se ha convertido en un peligro para la salud y recordó que han sido las asociaciones de pacientes las que ya han pedido su fin.
