La primera comisión de Salud de la nueva legislatura de Andalucía se saldó con un distanciamiento entre los grupos políticos y el consejero, Aquilino Alonso, debido a la financiación prevista por este último para “blindar la sanidad pública” con el anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Andalucía. Según aseguró Alonso, el texto normativo apunta a alcanzar un 6,5 por ciento del Producto Interior Bruto regional a final de la legislatura, cifra que se distancia mucho de las exigencias de la oposición. “Defendemos un sistema gratuito y universal pero para alcanzarlo se necesita invertir un 7,1 por ciento del PIB. Somos la comunidad que menos invierte de España en salud per cápita”, aseguró la portavoz de Ciudadanos, Marta Escrivá, quien además insistió en que “se debe mirar bien donde se puede ahorrar y donde no para que no merme la calidad de la salud de los ciudadanos andaluces”.
Una posición similar fue esgrimida por José Antonio Gil de los Santos, diputado de Podemos. El portavoz de la formación morada contestó a Alonso que el anteproyecto “tiene una nula ejecución en la realidad, entre otras cosas, porque es una copia de los planes presentados en 2010 y que no se han llevado a cabo”. Gil de los Santos le recordó que “sin una financiación estable no hay sanidad pública y universal”, por lo que le pidió al consejero su compromiso para alcanzar la media nacional en inversión per cápita anual. “Eso supondría un incremento del presupuesto del 25 por ciento que debería dividirse en un 15 durante los dos primeros años de legislatura y un 10 durante el periodo restante”, apuntó.
Otra de las quejas a las que se enfrentó Alonso durante su exposición del anteproyecto de la Ley de Garantías andaluza fue su defensa sobre las subastas de medicamentos. Escrivá contestó al consejero que su grupo “no está de acuerdo” con el modelo porque todos los sectores sanitarios, incluidos los pacientes, “están en contra”. Asimismo, también criticó la implantación de las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) así como avisó que tampoco estarán a favor de una implantación de los biosimilares si los criterios son únicamente económicos. En la misma línea que Ciudadanos, el Partido Popular también manifestó su oposición a las subastas. “Existen colectivos que aseguran que no se garantiza el acceso igualitario a los medicamentos y que existen desabastecimientos”, aseguró la portavoz popular, Catalina García, quien le espetó a Alonso que “buscarán otra alternativa”.
Ante estas críticas, el consejero de Salud explicó a los portavoces que “no pretendemos una legislatura economicista, pero eso no quiere decir que no tengamos que gestionar bien”. Por ello, en relación a las subastas, explicó que es un sistema público de adquisición como los que existen en otros territorios, si bien aseguró que “acepta cualquier propuesta que sirva para mejorar el modelo”. Por último, y en relación a los desabastecimientos, aseguró que “siempre los ha habido y los habrá”, pero que existen mecanismos previsto por la ley para que “ningún ciudadano se quede sin su tratamiento”.
