¿Qué debe prevalecer, el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva o el derecho, también reconocido por ley, del farmacéutico a la objeción de conciencia? Para la nueva consejera de Sanidad de Comunidad Valenciana, Carmen Montón, no hay dudas: el primero es prioritario sobre el segundo. Según señala en una entrevista concedida al periódico Levante, “no podemos anteponer los condicionantes morales a los derechos fundamentales”.
Ante una pregunta sobre la posibilidad que tienen los farmacéuticos de no disponer en stocks, ni dispensar, la píldora del día después (como así ha amparado recientemente el Tribunal Constitucional), la consejera valenciana indica su desacuerdo con la postura de aquellos farmacéuticos que se declaran objetores —una veintena en la región según los registros de los colegios farmacéuticos— e incluso va un paso más allá al señalar que desde la Consejería se “actuará” contra aquellos profesionales que no dispensen la PDD. “Si encontramos esta situación, actuaremos”, responde a la pregunta formulada por Levante.
Cabe recordar que desde la Consejería de Salud de Andalucía —Administración que multó a un farmacéutico sevillano por no disponer de este producto en stocks y que fue la causa que propició la reciente sentencia del Constitucional en la que obligaba a retirar la multa por ello— también se han mostrado partidarios de priorizar los derechos atribuibles a la mujer que recoge la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En concreto, desde el departamento que dirige Aquilino Alonso se mantiene la creencia de que dicha ley “recoge perfectamente y delimita aquella situación en la que cabe que un profesional haga uso de su libertad de conciencia, y se circunscribe a aquellos profesionales que participan directamente en la realización de una interrupción voluntaria del embarazo; que sí pueden hacer uso de la objeción de conciencia”. Es decir, según su interpretación, solo el especialista médico y no el farmacéutico podría hacer uso de este derecho. Ahora, la consejera valenciana se suma a este parecer al indicar que “no debemos permitir o quedar impasibles ante cualquier amenaza que vulnere los derechos de las mujeres”. Montón, durante su etapa como diputada en el Congreso y portavoz de Igualdad del grupo socialista, fue una de las ponentes de la Ley del Aborto.
