A pesar de que ni los antecedentes ni las fechas son propicios, el Ministerio de Sanidad no tiene ninguna duda de que el Real Decreto de Precios verá la luz durante la presente legislatura (a la que le quedan cuatro meses incluyendo agosto). De hecho, según el departamento que dirige Alfonso Alonso, “el proyecto va ser sometido a audiencia pública en un breve plazo”, una frase que ya ha sido pronunciada por el ejecutivo sanitario en alguna ocasión.
Lo último conocido de este texto legislativo fue en mayo, cuando el director de Farmacia, Agustín Rivero, aseguró que el ministerio había elevado el texto a la Universidad para que validase las fórmulas de cálculo de precios elaboradas por el ministerio y así contar con su aval científico. El objetivo, a tenor de las explicaciones que ofreció entonces Rivero, era despejar cualquier duda de arbitrariedad que pudiera desembocar en diversas alegaciones. “Queremos tener un sistema de precios que sea transparente y esté establecido y limitado”, insistió el ‘número tres’ del ministerio.
El Real Decreto de Precios sería la última norma sanitaria prevista por el ejecutivo. En ella se deben desarrollar los precios seleccionados, explicar los nuevos modelos de financiación y un desarrollo exhaustivo de la legislación relativa a los medicamentos biológicos y biosimilares.
