El ministerio de Hacienda ha paralizado, según han informado a EG fuentes del sector farmacéutico, la inclusión de las enmiendas para certificar el pacto por la sostenibilidad entre Sanidad y las patronales farmacéuticas (Aeseg y Farmaindustria) en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. La razón estriba, según las mismas fuentes, en la intención del departamento dirigido por Cristóbal Montoro de conseguir que la liberalización de los descuentos a las farmacias (una de las tres enmiendas comprometidas con el sector) repercuta en las cuentas públicas, por lo que se haría necesario un redactado específico para articularlo.
Consultado al respecto, desde Hacienda no se ha hecho aún ninguna declaración. Lo cierto es que la ausencia de las enmiendas en el bloque de cambios propuestos por el Grupo Popular en el Congreso al proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vía esperada para su aprobación, ha abierto una nueva prórroga en los acuerdos de sostenibilidad.
¿Rebaja de precios a la vista?
Fuentes del sector aseguran que no es la primera vez que la Administración advierte que en el mercado hay un margen (que podría ser importante) para hacer descuentos, y que actúa en consecuencia para trasladar ese beneficio, o al menos parte de él, al paciente y a la Administración, que son quienes pagan los medicamentos.
En su exposición de motivos, el Real Decreto-ley 4/2010 argumentaba la necesidad de acometer una “regulación más racional” en lo que afectaba a los descuentos ofrecidos por los distribuidores a las oficinas de farmacia, que entre otras cosas permitiría “repercutir los descuentos que se venían aplicando en beneficio del propio sistema”. La filosofía que llevó a actuar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero parece la misma que ahora ronda en el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, en 2010 la solución adoptada fue la de acometer una rebaja lineal del precio de los genéricos en un 30 por ciento, aunque como media vieron reducidos su precio un 21 por ciento gracias, entre otras cosas, a que su suelo se fijó en 3,12 euros.
Las mismas fuentes afirman que aún a día de hoy los descuentos reales existentes en el mercado son muy superiores, en algunos productos, a los permitidos en la ley. ¿Podría trasladarse este ahorro latente a la Administración? De ser así, ¿qué opciones se pueden plantear? En opinión de Beatriz Cocina, abogada de Uría Menéndez, “habría dos vías: por un lado, emular la decisión de hace unos años con una reducción generalizada de precios; por otro, aplicar “de forma efectiva” la prohibición de los descuentos, de manera que los laboratorios, para competir, bajen los precios. “Es decir, impidiéndoles competir en los descuentos que se dan al canal, para tratar de forzar a que compitan vía precios”, aclara.
En principio, estas dos opciones no parten con igualdad de oportunidades. Aplicar la prohibición “de forma efectiva” supondría un trabajo ingente en forma de controles y sanciones que no sería tarea de ninguna instancia del Gobierno central, sino que dependería de las autoridades sanitarias de las comunidades: farmacia a farmacia, caso a caso.
La mirada se dirige en primer lugar a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido establecer agosto como mes hábil para tramitar los presupuestos antes de la convocatoria de elecciones, por lo que a lo largo de este mes se conocerán los pormenores de esta ley, entre las que deberían aparecer estas tres enmiendas sanitarias. Más allá de esta ley existen otras que están ahora en trámite parlamentario pero el marco que cubren dista mucho de la sanidad, por lo que su justificación se antoja más complicada.
A pesar del retraso producido, en las patronales reina la tranquilidad. Desde Farmaindustria se explica que quedan varias leyes donde se pueden incluir las enmiendas y apuntan a agosto como el mes clave para presentarlas, ya sea en la Ley de Presupuestos o en cualquier otra. “El periodo legislativo está abierto y no creo se hayan perdido las oportunidades porque no haya aparecido en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Quedan tiempo y leyes”, señaló Emili Esteve, jefe del departamento Técnico de Farmaindustria. Por su parte, desde Aeseg prefirieron no pronunciarse sobre este retraso.
