Cuando se trata de cumplir la Ley, estamos viendo que no todos tienen el mismo criterio. Los objetivos del Gobierno en materia farmacéutica parece que se centran en asegurarse de que las competencias farmacéuticas se mantienen en el Ministerio, al tiempo que se controla el gasto farmacéutico público. La próxima reunión del Consejo Interterritorial del SNS abordará el texto de RD de Precios, del que se viene hablando desde hace tiempo. Atrás quedan los tiempos en que las CC.AA. solicitaban la participación en la evaluación de los precios o en las recomendaciones terapéuticas, que luego darían lugar a los IPT. Hasta cuatro representantes de las CC.AA. (dos con voto y dos oyentes) participan en la Comisión Interministerial de Precios, y viendo algunos de los IPT que emite la Aemps, es fácil encontrar más vocales autonómicos en los comités que lo elaboran y discuten, que miembros de la propia agencia evaluadora que dirige la eficaz Belén Crespo. Por eso sorprende el poco caso que hacen de los IPT en las CC.AA. y la obsesión por crear estructuras revaluadoras, que sólo complican y burocratizan la prestación farmacéutica.
El mismo texto del futuro real decreto hace referencia a la coyuntura económica en el momento de fijar el precio del medicamento y que, independientemente de la eficacia y seguridad demostrada por éste, los precios elevados que comprometan la viabilidad y sostenibilidad del sistema podrán no ser financiados. Toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno. Una duda razonable es lo que se entienda por “coyuntura económica” ya que, si los indicadores macroeconómicos no fallan y las elecciones generales de 2015 no lo impiden por prometer gastos inasumibles, la economía y la coyuntura no deberían ser un problema para sostener el sistema sanitario. Pero ahí lo deja escrito el borrador del Real Decreto.
Un aspecto que va a obligar a la industria a reforzar sus estructuras e invertir en análisis y en Outcomes Research es la alusión a los estudios y análisis que Sanidad solicitará a las compañías. La previsión de ventas justificada a tres años deberá ir acompañada de la evidencia de la mejora indiscutible de los pacientes en tratamiento, aspecto que la FDA y la EMA recogerán también vía testimonios de los propios pacientes durante los estudios clínicos. El valor del medicamento deberá documentarse de forma más precisa, y especialmente el valor en relación al beneficio real de los propios pacientes. Ahora se trata de ver cómo se documenta eso. La capacidad de demostrar valor será clave.
Entra en la página de Santiago de Quiroga en ElGlobal.netTambién puedes seguir a Santiago de Quiroga en twitter: @SantideQuirogaEl CISNS revisa el borrador que cambiará la manera en la que se financian y evalúan los medicamentos en España.
La EMA y la FDA acuerdan concretar cómo incorporar la opinión de los pacientes cuando se estén evaluando los beneficios y el riesgo de los medicamentos.
Comparar las subastas a la andaluza con los precios seleccionados es como comparar la paella valenciana con el arroz teppanyaki.
Si las razones económicas de los precios seleccionados incluyen el mismo subgrupo ATC3 (mismas indicaciones terapéuticas). ¿Estamos ante unas “Alternativas Terapéuticas a la española”?
La nueva estrategia sociosanitaria no debería perder la oportunidad que ofrece la oficina de farmacia.
