Los anuncios realizados por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, desde que accedió al cargo se diluyen a medida que el calendario para cumplirlos se acorta. Y mientras que los expertos en derecho farmacéutico coinciden a la hora de hablar de voluntad política, la oposición en el Congreso no lo tiene tan claro. Tanto Concepciò Tarruella, portavoz de Sanidad de Uniò, como su homólogo socialista, José Martínez Olmos, señalan que, al final, cumplir los anuncios es una decisión política, pero mientras la primera insiste en denunciar su carácter “electoralista” (recordando para ello la mayoría absoluta con la que cuenta el grupo popular), Martínez Olmos lo interpreta como un ejemplo más de la “pérdida del peso político del Ministerio a lo largo de esta legislatura”.
El mejor ejemplo de ello, según el diputado socialista, es el futuro incierto de las enmiendas sanitarias vinculadas a los pactos con la industria farmacéutica. A su juicio, las dudas que manifiesta el ministro sobre dónde encajarlas son “excusas de mal pagador”. Martínez Olmos apunta que, aunque buscar un encaje relacionado siempre es deseable, es legal encuadrarlas en cualquiera de las leyes en tramitación. De hecho, añade, la mejor oportunidad que tiene el Gobierno es incluirlo en la ley de Presupuestos Generales.
¿Por qué, entonces, todavía no hay noticias de su publicación? Para el portavoz socialista, la respuesta está en Hacienda, que en su opinión es quien tiene la última palabra en relación a los compromisos sectoriales. “Al final son decisiones que tienen un impacto económico y tienen que contar con el beneplácito de Hacienda”, indica. Más que tratarse de anuncios electoralistas, Martínez Olmos cree que el ministro de Sanidad “no ha medido bien sus fuerzas” en relación a estas enmiendas. “La realidad es que Montoro, que es quien ha marcado las políticas sanitarias en esta legislatura, está tumbando las decisiones”, añade.
Esta es la base del balance general que el grupo socialista hace de la gestión de Alonso y que, según Martínez Olmos, obligará a “recomponer” múltiples asuntos para la próxima legislatura. El diputado socialista calfica de “bomba de relojería” la desaparición del Fondo de Cohesión; acusa al Gobierno de haber echado la “patata caliente” de la hepatitis C a las comunidades y le reprocha también no tener clara la estrategia para asegurar que el precio de los medicamentos sea adecuado y asequible. El hecho de que el Ejecutivo no tenga una “propuesta seria” se esconde también, según Martínez Olmos, tras las dudas del ministro sobre el futuro del Real Decreto de Precios y Financiación.
La misma preocupación transmite Tarruella sobre la regulación específica de biosimilares que ella impulsó en el Congreso. Aunque desde el Gobierno se respondió que dicha regulación no era necesaria a la luz de la europea, la portavoz de Uniò sigue considerándola necesaria sobre todo para evitar que las comunidades “vayan por libre”.
En el lado opuesto, Tarruella se alegra de que otras de los anuncios de Sanidad no lleguen a buen puerto. Entre ellos, destaca el Real Decreto de Precios y Financiación y la gestión clínica, dos textos que a su juicio no han sido suficientemente trabajados en colaboración con las comunidades autónomas y que, por sus características “recentralizadoras” podrían generar “más polémica que acuerdo”.
