La lógica es aquel método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan de forma coherente. Esa lógica es la que finalmente ha imperado en la aprobación por parte del Senado de las enmiendas sanitarias a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Por un lado, esa lógica que dicta que los compromisos hay que cumplirlos. Como los que tenía el Gobierno con el sector farmacéutico y que finalmente se han acabado plasmando, aunque sea con ‘calzador’, en estas enmiendas aprobadas en la Cámara Alta el 7 de octubre. A saber: eliminación del límite de descuentos —hasta ahora fijado en un 10 por ciento— de los que pueden beneficiarse las farmacias por pronto pago o volumen de compra de medicamentos, el fin de la discrinación positiva de genérico sobre la marca, así como que estas últimas no puedan utilizar las siglas EFG.
Asimismo, en lo relativo a los descuentos a las oficinas de farmacias, la lógica ha imperado para que finalmente esta libertad no llegue con una pesada ‘mochila’ para estos establecimientos: la obligación de crear un sistema con el cual registrar e informar al Ministerio de Sanidad de las reducciones recibidas en la compra de medicamentos. Originalmente, el texto de la enmienda mencionaba que “estos descuentos podrán efectuarse para los medicamentos financiados con cargo al SNS siempre que se lleve un registro mensual de tales descuentos en las empresas titulares de los mismos y en las entidades de distribución y oficinas de farmacia, interconectado telemáticamente con el Ministerio de Sanidad (...). A tal efecto, las oficinas de farmacia deberán adaptarse a esta obligación en el plazo de un año a contar desde el 1 de enero de 2016. Transcurrido dicho plazo, la obligación de registro mensual de los descuentos resultará plenamente aplicable a las oficinas de farmacia”.
Sin embargo, un día antes de su aprobación, el grupo parlamentario introducía sobre la bocina una “corrección de errores” a esta enmienda en la cual este párrafo ‘desapareció’. La libertad de descuentos llegará pues a las boticas sin ‘mochilas’ ni condicionantes.
Una “intromisión” innecesaria
Allá donde se lee “corrección de errores”, debe leerse “gestiones del sector”. Y es que, desde que transcendió esta obligación que plasmaba la enmienda, entidades como el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o la patronal de la distribución Fedifar iniciaron una carrera a contrarreloj para que se eliminase esta exigencia considerada a todas luces “innecesaria”, amén de excesivamente compleja. Misión cumplida.
Por ejemplo, desde el Consejo General se hizo saber al Ministerio de Sanidad lo complicado de articular un sistema de estas características aplicable a las cerca de 22.000 farmacias existentes en España, además de la privacidad que debe preservarse respecto a las acuerdos comerciales entre dos partes. También desde Fedifar se indica a EG que “entendemos que ya hay suficiente transparencia en el sector y que la información que recogería Sanidad con este sistema de registros es desproporcionada e inmanejable”. En concreto, añaden que “los descuentos que se aplican en el sector están perfectamente documentados en las correspondientes facturas y, como cualquier otra actividad mercantil, sometidos a permanente vigilancia las autoridades fiscales”.
Aunque sin éxito en este punto, las peticiones de Fedifar también instaron a eliminar el registro mensual de estos descuentos por parte de laboratorios y distribuidoras que sí se ha mantenido en la redacción final de la enmienda. “Esta obligación (registro mensual) es desproporcionada, extremadamente costosa y poco efectiva, teniendo en cuenta que hay ya elementos suficientes para que las autoridades dispongan, cuando sea necesario, de la información que se requiere”, indican desde esta patronal cuyas empresas asociadas son responsables del 98 por ciento de las operaciones de suministro de fármacos a las farmacias.
La botica celebra la marcha atrás
La ‘marcha atrás’ de Sanidad ha evitado que una buena noticia para las oficinas de farmacia (el fin de la limitación en los descuentos) quedase enturbiada por esta exigencia de creación de un registro. En las manifestaciones de los titulares de estos establecimientos se podía atisbar un nuevo cisma con la Administración de haber salido adelante.
En este sentido, el presidente de la patronal farmacéutica nacional FEFE, Fernando Redondo, tilda este registro como “una barbaridad” y recuerda que el mismo se excede de las competencias de Sanidad. “No solo hubiese perjudicado a las farmacias, sino a la normal relación comercial entre los agentes de la cadena del medicamento, además de que el texto de la enmienda no recogía cuestiones fundamentales como quién sería el titular de ese registro”. También desde la empresarial madrileña (Adefarma) se indica que este registros hubiese sido “una doble fiscalidad; no tenía sentido alguno”, en palabras de su presidenta, Alexia Lario.
Incluso la Conferedación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha pronunciado sobre la libertad de los descuentos, sin entrar en su caso a valorar la idoneidad, o no, de registrar los mismos. Con motivo de su informe “15 propuestas para consolidar la recuperación”, que debe entenderse como un ideario para los partidos políticos cara a las elecciones general del 20 de diciembre, destaca que la eliminación del límite del 10 por ciento “mejora la competitividad, otorga más margen de maniobra a la farmacia y distribución, se alinea con los políticas europeas y no repercute en el paciente”.
Buena acogida en la industria
La inclusión de estas enmiendas sanitarias era parte del pacto entre caballeros al que llegaron las patronales farmacéuticas con los ministerios de Sanidad y Hacienda. Desde Farmaindustria se mostró satisfacción en líneas generales por la introducción de estos remiendos a la Ley de Garantías, especialmente al fin de la discriminación positiva del genérico frente a la marca si ambas presentaciones se encontraban a igualdad de precio. “Es una aspiración que teníamos y la hemos conseguido. Hemos manifestado en más de una ocasión que esa discriminación carecía de sentido. Además, lo único que favorecía esa prelación es que se interrumpieran los tratamientos y hubiera falta de adherencia. Un paciente que estuviera tomando un medicamento de marca y que de un día para otro le cambiaran la caja podía crear problemas”, aseguraron fuentes de la patronal innovadora a este periódico.
En el otro lado de la balanza, Aeseg también mostró su satisfacción por el buen fin que tuvieron las negociaciones mantenidas en el Senado. “Hemos visto cómo los descuentos a farmacia se han ratificado, incluso sin la obligatoriedad hacia las farmacias de implementar un sistema para informar de estos descuentos, y también ha entrado la prohibición para las marcas de usar las siglas EFG, por lo que estamos contentos”, aseguró el director general de la patronal de genéricos, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda. Junto a estas enmiendas, Aeseg trabaja en paralelo para conseguir que vuelva la diferenciación de precio entre medicamentos de marca y genéricos durante, al menos, seis meses desde el lanzamiento del genérico. Para este marco se utilizará las alegaciones al Real Decreto de Precios, si bien su publicación en esta legislatura ya fue rechazada por el ministro de Sanidad.
Además de esto, Rodríguez de la Cuerda aseguró que también habían pedido la inclusión de una enmienda que permitiese a la Comisión Interministerial de Precios subir el coste de algunas presentaciones que estuvieran en riesgo de comercialización por su depreciación mediante el sistema de Precios de Referencia. Finalmente no ha encontrado su sitio durante la tramitación de la Ley de Presupuestos pero Aeseg volverá a intentarlo gracias a que el propio Sistema de Precios de Referencia ha sido puesto en solfa por el Gobierno.
Ya con las enmiendas en ‘negro sobre blanco’, ahora es el turno de los pactos por la sostenibilidad del sistema sanitario. Tanto Farmaindustria como Aeseg esperan que el ministerio de Sanidad les convoque para rubricar un acuerdo que comenzó a fraguarse durante el pasado mes de mayo.
El sector estima que este registro era innecesario y una intromisión en las relaciones entre los agentes de la cadena
Las patronales farmacéuticas celebran que las enmiendas aprobadas por el Senado recogan sus reivindicaciones
Desde el inicio de su tramitación, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 ha caminado a la sombra de su posible derogación, a expensas de lo que ocurra el 20 de diciembre, fecha marcada para la celebración de elecciones generales. Esta posibilidad ha sido incluso ‘recordada’ por las autoridades europeas, después del polémico dictamen que el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha elaborado en torno al proyecto de cuentas públicas. Desde Bruselas no salen las cuentas, y animan al Gobierno entrante a presentar un nuevo proyecto.
Las enmiendas sanitarias incluídas en la ley de presupuestos modifican otras normativas. Por tanto, aprobada la ley de presupuestos, las normas afectadas se verían modificadas automáticamente cuando las cuentas públicas entren en vigor, esto es, el 1 de enero. Pero, ¿qué pasaría con ellas ante un vuelco electoral? Gemma Colomer, asociada en el Departamento de Derecho Farmacéutico y Sanitario JAUSAS, afirma que un gobierno nuevo con mayoría absoluta no tendría problema en cambiar los presupuestos. A pesar de que el consenso en torno a ellas es prácticamente unánime, las enmiendas “quedarían en nada y formalmente habría que reiniciar todo el proceso para dar cabida a las peticiones del sector”, indica. Además, este proceso no tendría que pasar necesariamente por la Ley de Presupuestos. Al ser inicio de legislatura y no verse obligado a recurrir a ella por los plazos, el encaje podría ser otro.
