El panel de expertos que asesoran a la Comisión Europea en Sanidad publicó recientemente su borrador sobre formas efectivas de invertir en salud, que incide en una transformación del sistema de fijación de precios de los medicamentos ante los riesgos de que se generalicen ciertas tendencias observadas en el sector. EG ha hablado con Fernando Lamata, uno de sus miembros.
Pregunta. Asegura que el sistema de fijación de precios es uno de los tres riesgos que amenazan los sistemas de salud en la UE. ¿Por qué?
Respuesta. Antes se discutía el precio en base al coste de producción. En 10 ó 15 años se ha visto la tendencia progresiva de intentar obtener el máximo precio que puede pagar el mercado manteniendo la protección de patente, lo que introduce un abuso en su utilización. Esta tendencia sería insostenible si se generalizara. Merece la pena reflexionar para buscar un nuevo equilibrio.
P. ¿Por cuál aboga usted?
R. Yo planteo que la empresa tiene que ganar dinero, cubrir los costes y además recuperar el esfuerzo de investigación. Pero ¿tiene que ganar todo lo que pueda pagar el mercado aprovechando una situación de monopolio? Claramente no, porque eso llevará a la quiebra de otras empresas o a que otras empresas hagan lo mismo y empiezan a reclamar el mismo precio máximo.
P. Habla de los riesgos de ‘generalizar’... ¿No se está penalizando a todo un sector por prácticas individuales?
R. El sector tiene una valoración global positiva. Cosa distinta son esos fenómenos que están existiendo en torno al sistema de fijación de precios, que generan comportamientos de riesgo. Esas empresas están respondiendo a sus obligaciones. No hay que culpabilizarlas, sino analizar si la autoridad reguladora está gestionando bien los procesos.
P. Si los que se están registrando son casos puntuales, ¿no será más fácil acudir a mecanismos de competencia?
R. Mi primera opción es siempre la negociación. Pero si se produce el abuso de monopolio lo correcto sería corregir la situación abriendo la competencia, autorizando inmediatamente la fabricación de genéricos. Una segunda opción sería la de modificar el sistema de fijación de precios quitando la vinculación del precio y la patente.
P. Según usted, la fijación de precios debe hacerse acercando el precio al coste, con un beneficio razonable. ¿Qué límites de retorno propone?
R. En un mercado en el que la industria está fijándose objetivos de beneficios antes de impuestos de entre el 7 y el 10 por ciento, ese sería el beneficio razonable. Lo que hay que procurar es conocer el coste de fabricación, porque ahí está incluido el de investigación que también vamos a remunerar.
P. ¿Recompensa más esta fórmula a los que más ofrecen?
R. Ese es otro debate. El argumento del valor valdría en un mercado libre. Si quieres cobrar por valor en ese momento deberíamos abrir la competencia o ir hacia otro esquema.
P. ¿Hacia qué esquema?
R. La única manera de diferenciar la innovación sin que el sistema sea insostenible será calcular el valor añadido medido en AVACS de todas las intervenciones hasta sacar el precio unitario del AVAC en función del presupuesto global. Si no, podrías estar remunerando a un medicamento, pero no a una apendicetomía que ha salvado una vida de un niño de dos años al que has añadido 80 años de vida, por ejemplo.
P. ¿Entonces el AVAC se puede calcular para diferenciar precios entre intervenciones que dan más valor?
R. Sí, pero no en función del precio que reclama la industria inicialmente sino del precio por AVAC . Ese sería otro modelo que no llevara a la distorsión.
P. La industria cree que desligar del precio la financiación de la investigación reducirá las inversiones en I+D...
R. La posibilidad de mantener la investigación en un sistema desligado de patentes existe. Prueba de ello es que en España las patentes se aprobaron en torno al año 90. Antes no había protección de patente y se investigaba.
P. ¿Están respondiendo la industria y los estados a las expectativas de cambio que se les están demandando?
R. Todavía no ha habido, ni por parte de los gobiernos europeos ni por parte de la industria, esa capacidad de rediseñar el modelo o modificarlo en lo que sea conveniente para afrontar la situación. Hay intentos pero el problema se está quedando sin atajar.
P. ¿Qué posibilidades reales de cambio hay, si los estados de la UE no ceden sus competencias?
R. Es cierto que los estados no ven con buenos ojos que la Comisión interfiera en la gestión sanitaria. Pero es en el Consejo de Ministros de Salud donde surge esa preocupación en 2014. A raíz de ahí hubo una iniciativa de los gobiernos francés e italiano para estudiar estrategias conjuntas y un acuerdo bilateral entre Holanda y Bélgica... Sí que hay movimientos por los gobiernos, no para ceder competencias, pero sí para coordinar actuaciones.
P. Entonces, ¿habrá un antes y un después en el sector farmacéutico?
R. A largo plazo, la UE debería avanzar en un análisis de un nuevo sistema de fijación de precios, que no tiene porqué cambiar radicalmente. En ese mismo horizonte temporal, además, la UE se va a ir fortaleciendo por necesidad porque lo exige la mundialización de la economía y necesita ganar en musculatura y capacidad de gobierno. Y en ese contexto la industria farmacéutica cada vez más tendrá a ese interlocutor, junto al interlocutor nacional.
P. Como observador, ¿qué opina del acuerdo de financiación de los tratamientos de hepatitis C en España?
R. Tiene de ventajoso que permite que se trate a los pacientes pero el coste que tiene por el precio que se exige es, a mi manera de ver, desproporcionado. Estaríamos hablando de una remuneración muy, muy por encima del coste de fabricación más investigación. Ese acuerdo no sería beneficioso ni para los contribuyentes ni para las administraciones, porque estaría detrayendo un dinero que no va a otros medicamentos u otras intervenciones sanitarias y no contempla dotación para cubrirlo.
P. ¿Y qué opina del pacto entre gasto farmacéutico y el PIB?
R. La filosofía está bien, pero con matices... ¿Cómo se canaliza el retorno y quién lo decide? ¿La industria o cada aministración? Por otro, el Programa de Estabilidad fija un horizonte de gasto sanitario del 5,3 por ciento del PIB. Eso significaría recortar otros 6.000 millones de euros. Y si se permite que el gasto en farmacia se mantenga en torno al PIB, el resto de gastos tendrían que recortarse en torno a un punto. Si esto no se aclara, el acuerdo perjudicaría a la industria de tecnología sanitaria y a los profesionales sanitarios.
